El Gobierno colombiano afirmó este domingo que el Comité Nacional del Paro, compuesto mayoritariamente por sindicatos, decidió “suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo”, instalada hace casi un mes sin llegar a ningún acuerdo para desescalar la crisis que vive Colombia.
«Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno estamos listos», dijo el portavoz del Gobierno en el diálogo y consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Las conversaciones entre el Gobierno y el Comité llevan varias sesiones sin ningún progreso, después de que la primera parte pidiera que se levanten los bloqueos y los segundos acusaran al Gobierno de no querer firmar un protocolo de garantías a la protesta pacífica, que limite el uso de la fuerza por parte de la Policía.
El Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores inconformes pero es la organización más visible de los manifestantes, le exigía a Duque una condena explícita a la brutalidad policial y disculparse por los excesos de la fuerza pública.
El anuncio coincidió con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país y con el anuncio de un plan del gobierno para reformar la policía y su política de derechos humanos.
El estallido social comenzó hace más de un mes contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las protestas se mantienen a diario con jornadas más concurridas que otras y cruentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.
Al menos 61 personas han muerto y más de 2.300 quedaron lesionadas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) que vela por los derechos humanos.
La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Duque para evaluar “in situ” la crisis en Colombia y condenó las “graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas”.
En un principio, el gobierno condicionó la visita de la CIDH al avance de las investigaciones oficiales sobre abusos durante las marchas, pero cedió ante una lluvia de críticas.
La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la fuerza pública en manifestaciones y disturbios.
Los manifestantes exigen un cambio de rumbo a las políticas del gobierno conservador, reformar la policía y claman por un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa por su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.