Jorge Yunda no solo debe enfrentar el proceso de remoción del cargo, sino un llamado a juicio por peculado y una investigación por delincuencia organizada.
“Espero en el proceso judicial a los señores jueces quienes salgan sorteados decirles aquí están nuestras pruebas de descargo. (…) Aquí no hay sobreprecio, no hay problemas de terminación unilateral del contrato porque la ley humanitaria así lo obliga, no hay un tema de baja sensibilidad porque ya se ha demostrado científicamente con pericias”.
Así se refirió la mañana del viernes 4 Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito removido del cargo la madrugada del jueves último y uno de los procesados por el delito de peculado ocurrido en la compra realizada por la Secretaría de Salud de Quito de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, a más de un mes de que recibió un llamado a juicio y aún no existe conformado un tribunal de juzgamiento dentro de la Corte Provincial de Pichincha.
Treinta y seis días exactamente han pasado desde que el juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, no solo llamó a juicio a Yunda, sino también a otras trece personas, entre quienes están la actual y el exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Ximena Abarca y Lenín Mantilla; Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con quien contrató el Municipio de Quito; y la ahora excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud Linda Guamán.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pidió que se llame a etapa de juzgamiento a Yunda en calidad de autor mediato; como autores directos del delito de peculado a Mantilla y Vinelli; mientras que a los restantes once procesados, entre quienes están Abarca y Guamán, se los llame a juicio como coautores del delito investigado.
Nicolás Salas, abogado de la secretaria Ximena Abarca, cree que el proceso ha estado demorado en lo que tiene que ver con el sorteo de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que deben asumir la etapa de juzgamiento. Recuerda que comúnmente estos procedimientos duran dos semanas o un poco más, pero ya ha pasado un mes del llamado a juicio que se dio en la causa.
Salas, dijo, “Sí es un poco preocupante el tema de la demora. Esperamos que todo se esté dando de manera adecuada, sin ningún cálculo político, sin ninguna finalidad de perjudicar a ninguna de las partes”.
Salas sostuvo que el hecho de que exista un personaje público como el alcalde Yunda, de alguna manera, incluso, contamina el caso por el tema de la política, más que por la figura en sí mismo.
Además, Salas apuntó, “Nosotros defendemos que no existe delito respecto a nadie, pero más allá de eso el hecho de que el alcalde se encuentre ahí como uno de los procesados va a ser que este caso cobre mayor relevancia en los medios, en el aspecto político, y eso de alguna manera termina afectando a todos los procesados”.
Yunda en una entrevista para Teleamazonas, la mañana de este viernes, indicó que él no lleva un grillete por sobornos, por coimas o por enriquecimiento, sino, dijo, “porque un iluminado de la UDLA (Universidad de las Américas) dice que las pruebas están bajas en sensibilidad”. Esto último, recalcó el removido alcalde, ya un perito de Fiscalía lo habría desmentido.
Jorge Yunda mantiene la medida cautelar de uso de grillete electrónico y la presentación periódica cuatro veces a la semana, insiste en que si se da una situación de corrupción la justicia debe investigarlo, pero aclara que lo que no debe existir es una justicia selectiva, sino que sea una justicia imparcial, que dé el legítimo derecho a la defensa en lo científico, en lo técnico.
Además del proceso penal por peculado en el que Yunda ha sido llamado a juicio, él también es investigado de forma previa por el fiscal Santillán por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Geinco. Dentro de esta fase preprocesal, en la que también son investigados varios exdirectores de empresas municipales y representantes de empresas privadas, se analizan irregularidades dadas en contratos de pavimentación de la ciudad y otros hechos.
En tanto que, desde el 1 de abril pasado, sobre el hijo de Jorge Yunda, Sebastián Yunda, también pesa una investigación previa por el delito de delincuencia organizada. Mediante allanamientos e incautaciones, dentro de la investigación por peculado por la adquisición de pruebas PCR, la Fiscalía y la Policía descubrieron información en un celular que aparentemente pertenecería a Sebastián Yunda y en el que existían conversaciones por mensaje de WhatsApp que revelarían el cometimiento de otros delitos, como negociados, ubicación de personas en cargos, etcétera, en el interior del Municipio de Quito.
Tres informes con la información periciada fueron entregados a la fiscal general, Diana Salazar, para que determine el inicio de las investigaciones que sean pertinentes. Santillán señaló que se encontraron “conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos”.
Al ser consultado sobre los hechos por los que se investiga a su hijo, Jorge Yunda señaló que él responderá por sus actos, mas no lo hará por gerentes, por secretarios o por familiares, más allá de que, apuntó, siempre estará defendiendo que se diga la verdad. Expresó que Sebastián Yunda no es un prófugo, ni está fugado de la justicia, pues señaló que sobre él no existe ninguna orden de detención.
“Él (Sebastián Yunda) es un mayor de edad. Cometió un error gravísimo, terrible, que me ha dolido tanto, que es conversar, chatear con funcionarios que fueron separados de mi administración por desobedecer mis órdenes. Les tenía prohibido contestar a un familiar y no lo hicieron y por ello fueron separados de sus cargos. Él es un mayor de edad, tendrá que responder ante cualquier situación de esas”, explicó Jorge Yunda, quien en el caso por peculado y de ser encontrado culpable se expondría a penas de hasta trece años de cárcel.
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