Home Política Fernando Cedeño: “Nos preocupa las declaraciones del propio procurador (Íñigo Salvador) que manda a pagar y por otro lado trata de desviar la atención, culpando a las anteriores autoridades de este juicio que es inexistente”

Fernando Cedeño: “Nos preocupa las declaraciones del propio procurador (Íñigo Salvador) que manda a pagar y por otro lado trata de desviar la atención, culpando a las anteriores autoridades de este juicio que es inexistente”

by editor

Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta por el Movimiento Unión por la Esperanza (UNES), integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y de la Movilidad Humana, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, sostuvo una conversación sobre el proceso de investigación al procurador General del Estado (Íñigo Salvador Crespo) en el caso de la petrolera francesa Perenco, “en primer lugar hay que poner en contexto el famoso caso Perenco para que la ciudadanía que nos ve y escucha, realmente entendamos que significa para Ecuador, en primer lugar Perenco es una empresa que fue adjudicada en períodos anteriores, con la explotación de dos bloques, el bloque 7 y el 21 de producción petrolera, mediante un contrato que se llama contrato de participación, para esto se conformó un consorcio integrado por dos empresas más, está Burlington y la empresa Murphy más Perenco, Ecuador”, indicó.

Cedeño acotó que, estas tres empresas se adjudicaron a los bloques antes mencionados, “y el contrato de participación permitía que las empresas fijen un precio de mutuo acuerdo, entre el Estado y las empresas para explotar estos campos petroleros, que era un precio de equilibrio y no estaba contemplado en este contrato, que pasaría en los hipotéticos casos de los excedentes, en el caso de que el precio de petróleo ecuatoriano suba de precio, y estos excedentes hasta antes de la extensión 42 se lo llevaba de manera íntegra y total la empresa encargada de la petrolera, desde el Gobierno del expresidente Alfredo Palacio, inicialmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas”, comentó.

“El compañero expresidente Rafael Correa Delgado y posteriormente el economista Diego Borja, plantearon al Congreso Nacional una ley que regule, que hacer con estos excedentes, se llama la ley 42 y la forma de distribución que se encontró en ese momento, y contó con la aprobación mayoritaria de los miembros del Congreso Nacional de ese entonces, además obtuvo un fallo favorable dentro del Tribunal de Garantías Constitucionales, que la forma de distribuir era que el 50% de los excedentes vaya a mano de la empresa explotadora de petróleo y el 50% restante para el Estado, luego de asumir la presidencia el expresidente Rafael Correa, se elabora el reglamento a dicha ley, esa ley se cambia, en vez del 50/50, se convierte al 99% de este excedente pase a manos del Estado ecuatoriano, y el 1% para la empresa encargada de la explotación petrolera, recordemos que el precio de equilibrio de esto, ya estaban en utilidades y las ganancias de la empresa, la mayor parte de las empresas que aceptan, no así Perenco quien sin agotar ningún tipo de mediación, ni las instancias internacionales, acuden directamente al Centro Nacional de Arbitraje para temas de inversión del Banco Mundial, lo hacen de forma separada por un lado Burlington y Murphy, y después Perenco que era la encargada de la operación, en esta alianza que se dio entre empresas, entonces ellos no contentos porque el Estado ecuatoriano les exige que paguen lo que demanda la ley, puesto que, lejos de agotar estas instancias, demandan al terciario, dejando abandonado los campos de explotación, por eso el Gobierno le encarga a Petroamazonas la explotación y operación de estos campos”, enfatizó el asambleísta.

Mencionó que en el laudo arbitral que se conoce en estos días, se obliga a pagar la cantidad de 421 millones de dólares, de aquí hay que restarle una cantidad de regeneración ambiental y los impuestos respectivos, que esta empresa debe pagar al Estado ecuatoriano, “pero lo que nos sorprende es la actitud del procurador del Estado, que en sus declaraciones hace una declaración que no es exacta, el laudo arbitral no contempla ninguna otra, en lo que corresponde al Estado ecuatoriano en pagar esta obligación, por otro lado dice que se debe buscar a las autoridades que intervinieron y generar un juicio de repetición, el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo deja claro que cuando procede la acción de repetición, se origina cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión de manera dolosa o culposa de los funcionarios que intervienen”, informó Cedeño.

El asambleísta manifestó que, el recurso que se podría presentar en el propio Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un recurso de nulidad por corrupción de árbitros, ya que se ha demostrado en primer lugar que la empresa Perenco, no es una empresa, el tema de demanda lo plantea bajo un argumento que es una empresa francesa, y se ampara en el tratado bilateral de inversión, que suscribió el Ecuador con Francia, está no es una empresa francesa, dicha entidad está constituida en el paraíso fiscal como son las Bahamas. En segundo término, se está demostrando de que algunos jueces, incluyendo el árbitro principal, en este caso el señor Peter Tomka tiene ciertos intereses, porque a la vez él es miembro de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, y está doble atribución es lo que permite generar falta de transparencia y generando un verdadero conflicto de intereses.

Aclaró que como Comisión de Relaciones Internacionales conjuntamente con la asambleísta Mónica Palacios y la asambleísta Raisa Corral, miembros de la misma bancada en función, han pedido información a la procuraduría, pero también al Ministerio de Energía y Recursos no Renovable, al Banco Central información que es importante, que se conozca, posteriormente invitarlo a una comparecencia a la Comisión de Relación Internacional al procurador, para que informe de primera mano todo lo que se hizo en el período de arbitraje, como la etapa de anulación que contempla la el proceso de este año.

“En primer lugar el juicio de repetición no cabe bajo ninguna circunstancia, ni al procurador, a ninguna autoridad, tampoco al congresista, ni al presidente, porque no se lesiona el interés, las decisiones que se tomaron fueron soberanas, en función de precautelar los intereses del Estado ecuatoriano, es más permitió de que se haga importantes obras, la cantidad de 10.906 millones de dólares, que el Estado se benefició con la expedición de esta norma, en segundo lugar la empresa no registró ningún tipo de pérdidas, porque no se lesionaron, ni estas leyes tienen el carácter restrictivo o confiscatorio”, admitió y mencionó que, “nos preocupa las declaraciones del propio procurador, que manda a pagar y por otro lado trata de desviar la atención culpando a las anteriores autoridades de este juicio que es inexistente, al contrario el Ecuador se benefició ostensiblemente de la intención de estas leyes y el tratamiento”.

Señaló que quieren saber, ¿cuál ha sido el accionar durante el proceso de arbitraje y la etapa de anulación del Estado ecuatoriano?, ¿cuáles fueron los argumentos jurídicos?, ¿cuáles fueron los profesionales de la procuraduría que intervinieron?, si se contrató a algún vocero internacional para que defienda y acompañe, ¿cuáles fueron los argumentos jurídicos que se plantearon al interior?, precisamente es lo que desconocen.

El abogado argumentó que, si en un caso al Estado le toca pagar la multa de 421 millones de dólares a Perenco, aún así el país a ganado mucho porque se permitió la construcción de carreteras, hospitales, durante el mandato de la Revolución Ciudadana y se ha avanzado en el desarrollo del Ecuador.

“Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales todavía no hemos discutido el tema, estamos en la etapa de pedido de información, en nuestro bloque integramos tres compañeros, conmigo tres, Raisa Corral, manabita, Mónica Palacio, es una ecuatoriana que salió electa por los ciudadanos ecuatorianos en el exterior de Estados Unidos, y aparte hay un compañero del Partido Social Cristiano, existen miembros de la bancada del Movimiento Plurinacional Pachakutik y la preside un miembro de CREO, incluso él es el presidente de esta comisión, entonces es una comisión plural”, informó el abogado y expuso que, “es difícil evaluar la función de otros, pero somos los responsables de la labor que hemos asumido, por el hecho popular, de prepararnos, de capacitarnos, para no defraudar la confianza, se conformó una mayoría, fuimos incluidos y a la bancada de la Unión por la Esperanza simplemente nos ubicaron en las comisiones que ellos quisieron, pero al final se les instruyeron una mayoría que se constituyó en la Asamblea Nacional, permitiendo no solo nombrar a las autoridades, si no a los miembros de las comisiones permanente legislativas”.

En otro tema, el asambleísta del Movimiento Unión por la Esperanza dijo que, ha desertado un asambleísta de su bloque, José Francisco León de la provincia del Guayas, donde él pedía que se lo libere de la obligación partidista de pertenecer, ya que él precisamente alegaba acceder a Centro Democrático, quería dar un paso al costado, pero las 48 voluntades siguen, incluso forma parte de la coordinación de dirección colectiva del bloque, “aquí hay que analizar algo es el hecho de lo que provoca está situación, previo a llamar a estas elecciones legislativas es que, la Asamblea Nacional reformó el Código de la Democracia y cambió el método del cimiento de caño, creyendo que había mayor representación, democracia, pero ha ocasionado un clima de gobernabilidad y se olvida al final que el mundo da vueltas, y las cosas se revierten, cuando se trata de actuar con mala fe para perjudicar a unos, es decir, trataron de perjudicarnos porque ellos saben que somos la principal fuerza política en el país, con mayor número de asambleístas, ahora están sufriendo las consecuencias del lado ejecutivo, se ven obligados a ampliar acuerdos con otros asambleístas que refuercen sus filas”, explicó.

La entrevista completa en nuestro canal de YouTube ⬇️

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