El economista Diego Borja Cornejo, exministro de Economía y Finanzas en el mandato del expresidente Alfredo Palacio González en el período 2005 – 2007, en una entrevista en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, expuso su criterio de porque la petrolera francesa Perenco gana el arbitraje internacional al Estado ecuatoriano, “esto es un cuento antiguo, se remonta a finales de los años 90 cuando en Ecuador los funcionarios de la época se sometieron a los tratados bilaterales de inversión, con eso a los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde nunca los Estados ganan, si se pone a revisar los juicios arbitrales el CIADI si alguna vez le dio la razón a un Estado es un acto milagroso, siempre ganan las empresas transnacionales, el capital transnacional, contra los Estados son tribunales completamente asimétricos, por ejemplo, en un contrato que tiene el Estado con una empresa solamente esta institución puede demandar en el tribunal, más no el Estado, así la empresa incumple el contrato, y se han dado casos como la petrolera estadounidense Occidental (OXY) en Ecuador, que la entidad incumplió el contrato, se aplicó la cláusula de caducidad que era completamente atenida al título y al estricto sentido de lo que decía el este contrato, a pesar de que estaba en derecho el tribunal del CIADI, le dio razón a la institución transnacional, entonces es un cuento viejo”, manifestó.
Borja acotó que, sabiendo todo esto la Procuraduría General del Estado no tomó todas las previsiones necesarias, de tener mejores abogados, hacer mejores argumentaciones, más bien cae en hacer argumentaciones iguales a las de Perenco, por tanto, se pierden estos arbitrajes con unos costos gigantescos, altamente lesivos para el Ecuador.
El economista indicó que, el CIADI es un tribunal bastante complicado, por ello, la Procuraduría tendría que haber interpuesto todas las acciones para evitar que este fallo podría haber sido una crónica de muerte anunciada se de, entonces contratar a los mejores consorcios internacionales y nacionales, denunciar el carácter lesivo y vendido de ese arbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y totalmente hostil desde el principio, acudiendo a tratados de los cuales Ecuador es signatario, ya que existen varias posibilidades, “denunciando la imposibilidad que la empresa acuda al CIADI, la empresa está asentada en las Bahamas, no tenía derecho para ir al arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, utiliza las Bahamas para los temas tributarios y su carácter de francesa los temas de arbitraje, todos estos elementos no lo supieron utilizar de mejor manera, y para entrar en el detalle jurídico es indispensable una auditoría jurídica de la Procuraduría, ¿qué pasó?, ¿qué le expliquen al Ecuador porque si cumple la ley, la Constitución, las normas y procedimientos en todos los casos se pierden los laudos arbitrales, eso implica que el procurador entregue toda la información a la Asamblea Nacional, hoy sé que es llamado por la Comisión de Fiscalización, ojalá no sea una trampa en la cual se le pretende hacer al procurador el juego para algo absurdo”, sostuvo el exministro.
“El procurador (Íñigo Salvador) ha dicho que quiere iniciar juicios de repetición contra el expresidente Rafael Correa, al expresidente Alfredo Palacio, contra el Estado en su conjunto como el abogado del Estado, en vez de defenderle a este en los tribunales internacionales, ahora pretende irse en contra del propio Estado ecuatoriano, son contra sentidos que realmente no se comprenden», recalcó Borja.
Diego Borja indicó que, hay imprecisión por parte del procurador porque en el discurso que él ha levantado, expone que el Estado perdió, “que haga bien las cuentas cuando incluso se contempla este fallo injusto de poco menos de 400 millones y se descuenta de lo que ha recibido el Estado, el resultado sigue siendo beneficioso para Ecuador, cuantas veces se ha dicho que el expresidente Rafael Correa pudo hacer obras porque tuvo precios altos del petróleo, sin esos precios altos del petróleo no se hubieran logrado recuperar sus ingresos, precisamente por estos mecanismos legales, constitucionales, que utilizó Ecuador habría servido de nada al país, que los precios del petróleo suban porque no se hubiese beneficiar de los mismos, todo se iría a manos de las empresas transnacionales, incluso en ese argumento que tantas veces se escucha, fue por suerte del Gobierno del exmandatario Rafael Correa, si no, tampoco se había podido beneficiar, hay un conjunto de discursos que intentan alterar la verdad, aquí el Estado no ha perdido, con el fallo en contra Ecuador ha ganado, se logró obtener recursos para educación, salud, infraestructura, energía, etcétera, con este fallo que no es solamente fuera de justicia, sino que, tiene que ver con una postura de ese tribunal que de antemano acoge los argumentos de las empresas, y no de los Estados, pero desde mi punto de vista el Ecuador no tendría porque perder esos juicios”, destacó.
El exministro aseveró que, dado que se sabe como es el tribunal, es absurdo que se sigan manteniendo esos tratados bilaterales de inversión y esos espacios de arbitraje donde siempre pierde el país, “si se lo ve así, se ha convertido en un negocio el arbitraje, una empresa que deja de invertir en el Ecuador, que ya no explota los yacimientos que debía haberlo hecho, no le aporta nada la país, se espera 13 años para que se obtenga una indemnización gigante, además en contra del sentido común, es hasta un buen negocio para las entidades, abogados de estas empresas, para los consorcios que se ven implicados en este tipo de defensas que no lo son”, expuso.
“Los contratos de participación que firmó el Estado ecuatoriano se los hizo entre finales de los años 90 e inicios del siglo XXI, esos contratos determinaban un precio de equilibrio del contrato que se negociaba previamente, que oscilaba entre los $15 dólares y $22 dólares por barril, en esas condiciones la empresa recuperaba los costos de inversión y su rentabilidad, puesto que se contemplaba en esos precios la recuperación, de repente el precio internacional sube a $40, $50, $60 dólares y más de $100 dólares, todo este incremento, si no se hubiera normado como se lo hizo, ahora se reclama, el Estado no se habría beneficiado, en el caso de Perenco tenía dos bloques, el 7 y el 21, el 14 % en el primero y el 27% en el segundo eran para el Estado, es decir, el 86% en un caso y el 76 % del otro para las empresas”, señaló Borja.
Dijo que los contratos de participación en el 2010 se modificaron por los nuevos contratos de servicios petroleros, no es tan alta la relación, es una relación diferente porque en los casos de los contratos de prestación, por decir $40 dólares por barril, y si el precio está por encima de eso, se sigue reconociendo los $40 dólares y si baja igual, en los contratos de participación era diferente.
Aseguró que la deuda de $400 millones de dólares que Ecuador debe a pagar a la petrolera francesa Perenco es un monto extremadamente alto para un país que necesitaría ese dinero, para comprar vacunas, resolver problemas inmediatos, de seguridad, educación, es algo muy lesivo porque se perdió, eso tendría que explicar la procuraduría, son alrededor de 13 años de disputa, desde el año 2008 que se ha tenido todo el tiempo para hacer las acciones correspondientes, “pero si nos vamos más atrás, son 13 años que, por ejemplo, debió haber denunciado ese carácter hostil que tiene el CIADI contra los países”, explicó Borja.
“En cualquier caso el abogado del Estado es la Procuraduría, no puede tener este una postura en la que dice rápidamente voy a pagar la sanción, y me voy a dar la vuelta, busco culpables internos porque es una señal perniciosa para las empresas y funcionario, que funcionarios se atreverán a tomar una decisión en beneficio del Estado, si siempre habrá esta espada de Damocles del propio abogado diciendo que va ha perseguir a estos funcionarios para que hagan repetición, por ende, son acciones complemente equivocadas, que tendrían que ser respondidas en el ámbito democrático de la fiscalización como es la Asamblea Nacional”, admitió el economista.
Aclaró que tan importante como son las fronteras marítimas, territoriales, como las fronteras del subsuelo, no se puede tener una postura en la que se diga paguen, acá es necesario que el Estado en su conjunto como lo fue en el año 2006, donde participó la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el ejecutivo, las que tomaron está decisión de normar la repartición del excedente, así mismo la defensa en este momento tendría que ser institucional de todo el Estado ecuatoriano, porque de lo contrario abre una grieta para que en el futuro se siga haciendo este tipo de abusos en contra del Ecuador.
El exministro de Economía y Finanzas explicó que, el CIADI al menos reconoce que hay unos daños ambientales, deben ser pagados y es algo bueno para el Ecuador, pero en conteo general el fallo es en contra, ¿cuánto recibió el Estado por esta normativa de determinar que al menos se iba a beneficiar en el 50% del excedente?, incluso pagando los $400 millones el Estado sale ganando, pero a diferencia de lo que manifiesta el procurador no hay daño contra el Estado, salió beneficiándose de ese incremento, más que todo en pagar los $400 millones de dólares.
“Lo primero que tendría que hacer el procurador es defender al Estado hasta las últimas consecuencias, ir hasta los últimos espacios y resquicios que le permite el derecho internacional para evitar que este pago se de en estas condiciones tan graves que vive el país, la ciudadanía en condiciones precarias en las que muchas familias nos encontramos por una situación de salud, economía, empleo, por eso es la crítica de algunos legisladores de la Asamblea Nacional, que dicen no debió este señor inmediatamente decir vamos a pagar, más bien debe buscar requisitos legales”, insistió Borja.
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