Jeannine del Cisne Cruz Vaca, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, se refirió a las funciones del Consejo de Comunicación y también del nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, “primero quiero señalar que soy delegada por parte del ejecutivo en este consejo, frente a esto hay que recordar que en el 2011 se dio una consulta popular, donde se daba a conocer que mediante la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) exista un ente regulador denominado Consejo de Regulación, esto tiene validez cuando hay una superintendencia sancionatoria, el Consejo de Regulación son los ojos para que se sancione a los medios de comunicación, a quienes infrinjan lo establecido, publicidad que puede irse en contra de algunos derechos tanto de la niñez como de cualquier ciudadano, pero hemos evidenciado que en años anteriores ha existido un sistema de comunicación gigantesco, gubernamental, para imponer una agenda política, más no para sobrellevar los temas ciudadanos o con consentimiento colectivo de temas que puedan interesarle al ciudadano o ciudadana, una vez que asumí las funciones, me fui a la institución, lo primero que solicite es información de primera mano para saber que ha estado ocurriendo en la entidad, nos llevamos la sorpresa que ha estado un año sin un titular, no se ha logrado seguir con objetivos claros, por ejemplo, el monitoreo de contenidos, pero algo sensible es la promoción de derechos, en el 2019 cuando se reformó la Ley Orgánica de Comunicación se inició el debate sobre un sistema de protección para los trabajadores de la comunicación, y esto implicaba lamentablemente el asesinato de nuestros colegas periodistas del Comercio, esto no ha podido continuar por más delegaciones que hubo en este consejo no podía darse paso firme, ya que no estaba el delegado del ejecutivo”, sostuvo.
Cruz manifestó que, la institución ha estado totalmente acéfala porque el Estado debe tener una política clara para cuidar la libertad de expresión, “por eso coincidimos con nuestro presidente Guillermo Lasso cuando emite un decreto primero eliminando el reglamento de la Ley Orgánica de la Comunicación y lo interesante es que, habla de una libertad de expresión donde se despenaliza la calumnia y se pone a debatir estos temas tan sensibles, por ejemplo, el Consejo de Regulación inicia con un presupuesto de 13 millones y medio, con 114 personas, en la actualidad lo que me llamó la atención es cuanto se invierte en el arriendo del edificio, que es $20 mil dólares mensuales más $7 mil dólares, se habla de 35 mil dólares mensuales porque nos cuesta a los ecuatorianos, cuando tranquilamente se pudo a llevar a cabo de manera más responsable en el manejo económico para que cualquier institución pública pueda asumir este consejo, y se den a conocer los diferentes pilares, nosotros coincidimos que se debe mantener ese respeto al trabajo periodístico, también viéndolo como un tema de autorregulación, como profesional de la comunicación entiendo que cada uno tenemos ese compromiso con la verdad, nuestros códigos deontológicos nos permiten avanzar en un camino donde la veracidad, objetividad, deberían ser objetivos al final de la tarea comunicacional, sin embargo, es importante hablar de autorregulación que permita a los colegas profesionales tener acceso a repotenciar los conocimientos a seguirse profesionalizando, algo positivo en este consejo sería convenios con diferentes universidades para que se pueda otorgar becas, por ejemplo, maestrías, por ende, es interesante, permite hablar de esa capacidad que pueda tener el comunicador, para enfrentar los desafíos tecnológicos, por otro lado, en el departamento jurídico encontramos un sinnúmero de temas que están pendientes y lo lograremos a través de los órganos de control para sobrellevar la situación”, acotó.
La máster indicó que, el presupuesto anual del consejo es aproximadamente de 3 millones de dólares, de los cuales se destina el 80 % para el pago de salarios, el resto para gastos corrientes y mantenimiento del edificio, eso es lo que se ha podido constatar, pero recordarán que en la Supercom (Superintendencia de Comunicación) habían un sistema Videoma, era un dispositivo que ayudaba a grabar todos los contenidos que se daban en la producción visual, y esto ya no tiene sentido porque está estancado, ya que costó casi un millón de dólares a los ecuatorianos, “supe que habían tres universidad interesadas en adquirir esto, pero el costo del mantenimiento no les permitió avanzar con este derecho de tener el dispositivo para alguna práctica comunicacional”, aseguró.
“Estamos en la idea de esperar que la Asamblea Nacional se pueda pronunciar porque frente a esto, el presidente quiere la eliminación de todo ente regulador, pero también está el tema constitucional, si es o no factible, así que la Comisión de Derechos Colectivos me supongo va ha abordar esta temática, dará todos los elementos para sostener este consejo o dar paso seguro a este capítulo de negligencia sobre todo para perseguir a la prensa o a los activistas que piensen distinto al régimen, comentarles que este consejo se conforma por varios delegados por ejemplo, tenemos un delegado en la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, ellos toman decisiones para manifestar sobre el tema de la promoción de derechos y evitar que a futuro se pueda violentar en algún contenido, que un niño pueda estar consumiendo en horas que no son de franjas normales algún producto violento, entonces esto sirve para poner en la mesa, si es posible o no que la Secretaría de Derechos Humanos pueda asumir ese protocolo de mantener ese contacto con la audiencia, pero también con el medio de comunicación en el caso que exista algún llamado de atención”, argumentó la presidenta y dijo que, “regulación no hay porque no existe un reglamento, es decir, este consejo está en el aire, no obstante, por un lado tenemos que seguir cumpliendo los objetivos de esta institución porque la Contraloría General del Estado en algún momento nos observará, ya que sigue vigente la ley y estamos en la espera de que la Asamblea Nacional califique el proyecto y pueda determinar que comisión debatirá, en cambio, me parece indispensable decir que estamos analizando una optimización sobre el manejo de estos dispositivos, pero en conjunto con los trabajadores de la comunicación, me gustaría llegar a un acuerdo con la defensoría pública para que de oficio, pueda defender a un periodista cuando es demandado, es distinto cuando un periodista de gran promoción, más visible, tenga abogados que puedan auspiciar en su defensa, comparado con un periodista de un cantón pequeño, esas son las diferencias, por eso entendemos que la protección tiene que ser unos de los primeros temas para poder abordarlos”.
Cruz recalcó que, es importante entender estándares internacionales en el nuevo proyecto de ley, donde se permite entender la lógica del trabajo y el apego para que la ciudadanía se mantenga informada, “es indispensable traer a colación el espíritu de la declaración de Chapultepec, uno de los elementos es que no hay personas, ni sociedades libres, sin libertad de expresión y de prensa, habla también que el ejercicio del periodismo no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable de la sociedad del pueblo, no hemos estado en un Estado que garantice ese trabajo periodístico, ya que autoridades han remetido desde medios de comunicación contra la prensa, censurar, desde los medios gigantescos no solo de los medios públicos, si no, desde un sistema de medios incautados para utilizar en una agenda política, puesto que, ha permitido entender la lógica de que cualquier ente regulador nos molesta sobre todo a los comunicadores”, admitió.
“Hay una deuda gigantesca con nuestros profesionales, el Estado tiene que reivindicarse, acaba de acontecer un hecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del diario el Expreso, también en beneficio del periodista Emilio Palacio, no podemos dejar de criticar en su momento, por ejemplo, el periodista Martín Pallares fue demandado y le pidieron $10 millones de dólares para tratar de limpiar la honra de ciertas autoridades, y nos conlleva a sopesar que si estuvimos o no en un Estado democrático, donde la libertad de expresión era el camino. El periodista es periodista no lanza flores a ninguna autoridad, cuestiona duramente a los actores políticos y de ahí creo que es una reflexión para nosotros cuando entendemos que decidimos ser autoridad o funcionarios públicos, cuando decidimos ser autoridad tenemos que ser claro que siempre vamos a estar en el ojo del huracán en la toma de decisiones”, insistió Cruz.
Sostuvo que la eliminación del derecho a la réplica en el nuevo proyecto tendrá que decidirlo en la Asamblea Nacional, es decir, cuando el ciudadano se siente ofendido por algún tema atentatorio contra un derecho puede buscar los mecanismos para poder llegar al medio de comunicación, por ejemplo, si un ciudadano siente que arremetieron contra su dignidad puede encaminar una agenda con la propia Secretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo, “no queremos entrometernos en la agenda del medio de comunicación, respetamos ese trabajo periodístico, ahora el tema que entra en debate sería si es o no factible la despenalización de la calumnia, por alguien criticar en este caso a la autoridad, no puede llegarlo a sancionar con una cárcel por parte del ejemplo civil, sin embargo, son temas que le corresponden a la asamblea, personalmente no comparto que se tenga que regular las redes sociales porque también está en debate el derecho del anonimato, cuando fui asambleísta recibí un sinnúmero de información valiosa, personas que tenían terror de denunciar por represalias, en otro lado se tiene la posibilidad de exigir a un ciudadano que ingrese a su plataforma con su número de cédula y foto para saber que esta persona escriba y no con los famosos perfiles falsos, son situaciones que se van a debatir en el congreso», destacó Cruz.
Enfatizó que la Asamblea Nacional aún no califica este proyecto de libertad de expresión, ya que se espera que la presidenta de la asamblea (Guadalupe Llori) pueda determinar cual es la comisión es la que debate, primero desmontar los mecanismos de persecución y limitación de la libertad de expresión que se desarrollaron en años anteriores y el debate tiene que elevarse como Estado, por tanto, que se pueda diseñar una política de promoción y garantía de derecho, puesto que, “creo que no debería existir un ente regulador porque en una red social cualquiera me puede insultar desde Ecuador o de otro país, el tema de redes debe marcarse en educar a los niños y niñas en la utilización de estas tecnologías, pero también en la responsabilidad de las plataformas, Facebook en su momento dio de baja un número importante de perfiles falsos, si es victima de acoso, puede denunciar”, señaló la presidenta.
“Recuerdo que la exasambleísta y actual ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Mae Montaño, presentó un proyecto para evitar el acoso digital, la violencia digital, lamentablemente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no se logró recuperar el espíritu de esta propuesta, así que la línea de poder regular el tema de la dignidad es muy complicado, veamos que argumenta la asamblea y como defiende esta propuesta, también que crítica, en este consejo daremos todos los insumos para que se tome una decisión. Nosotros hemos logrado tener acercamiento con la academia y es interesante escuchar desde la óptica de ellos que piensan frente a lo que aconteció durante tantos años, también sobre el proyecto enviado por el ejecutivo, por ende, hay una línea clara en donde los periodistas y los medios de comunicación no deben ser objeto de discriminaciones a favor o de lo que se escriba, creo que es un debate que nos permitirá ir avanzando, por la posibilidad de hablar de un observatorio mediático a futuro desde la academia para tomar decisiones responsables, ligada con la búsqueda de la verdad, imparcialidad y la equidad”, puntualizó la máster.
La presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación subrayó que, el nuevo proyecto de ley es general más no exclusiva, ya que incluye a los medios más pequeños, por tanto se tienen que discutir estas realidades en la mesa, en todo el sentido de la palabra la libertad de expresión tiene que ser para el país para democratizar y para tomar decisiones responsables.
La entrevista completa en nuestro canal de YouTube