Hoy se cumple un mes desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos en el país. Con la norma se establecen nuevos derechos y se busca acabar con el uso no autorizado de datos personales, aunque su aplicación tardará dos años.
Lorena Naranjo, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) y quien impulsó la Ley, explica que la norma establece que cada persona tiene la titularidad de sus datos personales. En palabras sencillas: es dueña de su información y nadie puede utilizarla sin un consentimiento expreso.
Hoy se cumple un mes desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos en el país. Con la norma se establecen nuevos derechos y se busca acabar con el uso no autorizado de datos personales, aunque su aplicación tardará dos años.
Si una firma o ente público quiere usar los datos de clientes para hacer estudios de mercado sobre nuevos productos, lanzar ofertas, hacer campañas de marketing, vender productos y servicios o cualquier otra actividad debe tener la autorización expresa del titular.
Pero la aplicación tomará un tiempo. Las empresas e instituciones públicas tienen dos años para ajustar sus procesos, implementar medidas de seguridad, capacitar a los empleados y conseguir el consentimiento explícito e informado para utilizar bases de datos.
No bastará una simple grabación en la que el cliente dice “acepto”, sino que el empleado de la empresa deberá explicarle al cliente cómo, para qué y por cuánto tiempo se utilizarán sus datos.
Por ejemplo, si una persona otorga sus datos para participar en un sorteo, el empleado debe solicitarle solo los datos necesarios y, después de la rifa, los datos deberán ser borrados. Si la misma firma vuelve a llamarlo será considerado un uso no autorizado de información personal y corre el riesgo de ser sancionada.
Si un usuario recibe la llamada de una firma, tiene el derecho de saber cómo se consiguieron sus datos. Si no recibe una respuesta, puede denunciar y la empresa, ser multada.
Las compañías e instituciones deberán designar a un responsable del tratamiento de datos, quien podrá ser sancionado por sus acciones u omisiones, señaló Andrés Zules, experto en ciberseguridad.
Para Francisco Maestre, director de la consultora de innovación y tecnología Opinno Ecuador, con esta ley se va a cambiar la forma de hacer marketing y de captar clientes. Si una firma hace una campaña masiva, sin una buena clasificación de los clientes, puede ocurrir que su base de datos se reduzca en 10% o 5%, dijo.
Naranjo dijo que esta Ley no es prohibitiva, más bien permite a empresas o negocios pequeños tener una base de datos depurada de clientes a quienes sí les interesen sus productos. Además, deberán cuidar los datos de los clientes y no compartirlos con nadie “porque es su mayor activo”, sostuvo.
En la actualidad, es común que a diario se reciban un sinnúmero de llamadas de empresas a las que nunca se les ha otorgado datos personales.
Belén, quien prefirió mantener en reserva su apellido, contó que hace dos meses presentó una solicitud formal en servicio al cliente de un banco y de una telefónica para que dejen de contactarla. La joven, que vive en Guayaquil, contó que las llamadas de esas instituciones empezaron en enero pasado. Pese a su reclamo, las llamadas continúan.
Asimismo, Verónica Barzallo ha optado por bloquear las llamadas de números desconocidos para evitar ser contactada por tiendas comerciales. Ella cuenta que todo se inició hace unos dos años cuando sacó, por primera vez, un crédito directo en una tienda departamental de ropa. “A partir de mi afiliación, me han contactado por llamadas, mensajes y correos más de 20 tiendas”.
La Ley establece el derecho a la eliminación. Los clientes pueden pedir en la misma llamada que les eliminen de esas bases de datos para no ser contactados nuevamente.
Aunque la norma está vigente, falta la creación de la Superintendencia de Protección de Datos para que se aplique. Ese ente podrá, de oficio o a petición del titular de los datos, iniciar una investigación a quienes incumplan la norma y sancionar si fuera el caso.
Para la creación del organismo, hace falta la expedición del reglamento por parte del Ejecutivo. Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia, dijo que aún no hay fecha para esto.
Pero la ley está vigente y es importante que las personas conozcan sobre la importancia de la protección de datos y que empiecen a ejercer sus derechos, aunque no haya una entidad de control, dijo Naranjo.
La promulgación de esta Ley era una tarea pendiente, ya que en la Constitución establece como un derecho la protección de datos personales.
La norma fue propuesta por el expresidente Lenín Moreno, el 2019, tras la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos. En la región, solo Bolivia y Venezuela no tienen una Ley de este tipo.
Según la ley, los datos personales son aquellos que identifican a una persona, como el número de cédula o los datos biométricos. Incluye dirección, número de teléfono, estudios, lugar de trabajo, datos de salud, estado civil, entre otros.
NO OLVIDE
Información.
Las empresas deben indicar para qué usarán los datos, el origen y hasta cuándo los usarán.
Acceso.
El usuario puede exigir a las empresas que expliquen cómo obtuvieron sus datos, qué información tienen, entre otros temas.
Rectificación. Las empresas que usan los datos tienen la obligación de corregir datos inexactos o incompletos de los propietarios.
Eliminación.
Un usuario puede pedir que su información personal se elimine de las bases de datos en el momento que así lo desee.
Oposición.
El cliente puede oponerse al uso de sus datos para fines distintos para los que fueron entregados, por ejemplo, estudios de mercado.
Portabilidad.
El cliente tiene el derecho a que sus datos se transfieran, sin inconvenientes, a otras empresas si es que él así lo solicita.
Educación digital. Obliga al Estado, en general, a educar en el uso de tecnología para poder defender a los usuarios de los abusos y evitar la violencia digital.