Home Política Mauro Andino Espinoza: “Jorge Yunda en estricto derecho sigue siendo alcalde de Quito y evidentemente esta acción de protección lo fortalece porque muchos actores prácticamente daban por sentado que él estaba fuera de la alcaldía”

Mauro Andino Espinoza: “Jorge Yunda en estricto derecho sigue siendo alcalde de Quito y evidentemente esta acción de protección lo fortalece porque muchos actores prácticamente daban por sentado que él estaba fuera de la alcaldía”

by Kelvin Jarama

El analista político y experto electoral, Mauro Andino Espinoza, vía telemática en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, expresó su opinión con respecto al proceso de remoción contra el alcalde de Quito (Jorge Yunda) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), “ efectivamente tengo conocimiento por distintos medios de comunicación y redes sociales, la jueza se ha pronunciado en relación a la acción de protección que ha presentado el alcalde de Quito, Jorge Yunda, le ha dado la razón de manera parcial, no ha acogido todas sus pretensiones, pero lo principal, sin que haya revisado el fondo del asunto porque hay que esperar que ella notifique por escrito el contenido de la sentencia a las partes, ahí tendrá que motivar, justificar, citar las disposiciones de la constitución que ella sostiene, ya que se habrían vulnerado, afectadas por parte de la comisión de mesa”, sostuvo.

Andino indicó que, hay que señalar uno de los elementos de porque la acción de protección se presentó en contra de los integrantes de la comisión de mesa del Consejo Metropolitano, más no en contra de la decisión de todo el consejo, “básicamente en contra de cuatro integrantes, pero dicho esto habrá que esperar que notifique la jueza para conocer mayor detalle, pero de lo que conozco y tengo un poco de información, puesto que básicamente que se ha acogido una de las pretensiones del alcalde Jorge Yunda, él argumenta que se le había violado el derecho a la defensa que está señalado en el artículo 76, numeral 7, literal k de la constitución, que establece en todo proceso los ciudadanos, las ciudadanas, tienen derecho hacer juzgados por una jueza o juez, independiente, imparcial y competente, esto lo argumentaba sobre la base en otras cuestiones, de que él había solicitado que el señor Santiago Guarderas que es el vicealcalde tenía que haberse excusado de conocer este proceso de remoción, y de haber sido parte de la comisión de mesa porque tenía un interés directo al servicio del alcalde, probablemente verse beneficiado de la remoción de Jorge Yunda”, aclaró.

“La jueza ha manifestado que los cuatro concejales de la comisión de mesa una vez que esté el informe de mayoría pasó hacia el pleno del Consejo Metropolitano, ellos no debieron haberlo conocido, votado, en la sesión del pleno, sino que aparentemente de lo que se conoce de la sentencia, debieron haberse excusado y actuado sus alternos en el pleno del consejo metropolitano para rectificar ahí el informe de mayoría que salió de la comisión de mesa y haber votado por la remoción, es decir, que no debieron haber votado en el pleno”, destacó el doctor.

El analista aseveró que, la jueza tiene 48 horas para notificar por escrito las partes, ya que se espera cumpla lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre este tema, “no siempre se respeta, a veces los jueces y juezas se toman más tiempo y no notifican con el contenido de la sentencia por escrito”, señaló.
“La situación del tema es bastante polémico porque si es que uno parte de la constitución y lo aterriza en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional observa que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando exista una vulneración de los mismos, atentando, violentando, estos derechos por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, también en contra de un particular, en este caso se trataba de una decisión o un acto de una autoridad pública no judicial efectivamente, pero la ley orgánica de garantías jurisdiccionales señala que uno de los requisitos para que pueda presentar esta acción es la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial para proteger el derecho violado”, expuso Andino.

El doctor comentó que, muchos colegas han señalado con buenos criterios que si existe y hay otro mecanismo de defensa judicial adecuado para poder proteger los derechos que presuntamente fueron violados, ¿cuál sería el otro mecanismo de defensa?, evidentemente este pedido de consulta que se planteó ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre la base de lo que establece el propio COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización), también está ratificado en el código de la democracia cuando se activan y materializan estos procesos de remoción en contra del ejecutivo de un mandato metropolitano, “porque se establece que probablemente la vía más adecuada, eficaz y expedita era el Tribunal Contencioso Electoral porque si se revisa el código de la democracia, entre las atribuciones que tiene la entidad está absolver justamente estos pedidos de consulta, donde verifica si se ha respetado el proceso remoción, el procedimiento y adicionalmente en su resolución el TCE verifica, señala, si se ha respetado el proceso, garantizado el derecho a la defensa, y se puede evidenciar en varias sentencias que sobre consultas del proceso de remoción a dictado el Tribunal Contencioso Electoral”, subrayó.

“Cuando entre las funciones del propio Tribunal Contencioso Electoral en el código de la democracia se manifiesta que la institución en sus fallos puede ordenar la reparación integral cuando existan violaciones al derecho de las partes que han acudido hasta el órgano jurisdiccional”, reiteró el doctor y también dijo que, “el pedido de consulta continúa son dos mecanismos que se han activado por cuerdas separadas, por eso también algunos colegas sostenían que desde lo estratégico no era adecuado haber activado de forma simultánea la acción de protección de protección, cuando aún estaba por resolverse el pedido de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, sin embargo, los abogados del alcalde, el propio Jorge Yunda consideraron que era necesario agotar todas las instancias, acciones que la constitución y las leyes de la república les permiten, incluso que pasaría si por un lado la jueza constitucional en primera instancia le da la razón como en estos momentos a sucedido, dándole parcialmente la razón, por otra parte unos días después en el TCE resuelva lo contrario y deciden que la comisión de mesa, el consejo metropolitano actuaron apegados a derecho, que no se violó el debido proceso, consecuentemente el proceso de remoción se lo materializó de manera adecuada, fíjese en este choque de decisiones que entraríamos”.
Andino aseguró que, hay que dejar en claro que Jorge Yunda en estricto derecho sigue siendo alcalde de Quito, “y evidentemente esta acción de protección lo fortalece, le da cierto aire, oxígeno, porque muchos actores prácticamente daban por sentado que él había dejado o que estaba al filo de la cornisas, como se diría popularmente, casi, casi que fuera de la línea de la alcaldía de Quito, pero como hoy hemos visto estamos en Ecuador y cualquier cosa puede pasar en el día a día”, explicó.


“Creo que el alcalde estará expectante de lo que va ha resolver el Tribunal Contencioso Electoral cono este tema no es totalmente jurídico, es un tema eminentemente político, también dada la naturaleza del caso, de los actores involucrados, estamos hablando del alcalde de la capital, no de cualquier autoridad, por tanto, de las autoridades del Distrito Metropolitana de Quito todos ellos tienen legitimidad democrática de origen porque todos ellos fueron designados mediante el voto popular en las urnas, entonces es un escenario y un contexto con clara connotación política, no hay como alejarse de esta cuestión, desde mi hipótesis creo que si existen posibilidades de que está acción de protección que ha sido aceptada parcialmente, tal vez sirva como herramienta para ir moldear el camino de cara al pronunciamiento que tendrán que tomar los jueces del Tribunal Contencioso Electoral”, añadió el analista.
El analista político dio a conocer que, el alcalde puede acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ello no se debe olvidar que hay casos identificados , pero si parecidos, el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro que en su momento fue removido del cargo y luego de varios años la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón, señalando a breves rasgos que el mecanismo que se utilizó para destituirlo del cargo no era el más adecuado, tampoco pertinente, que se habían violentado principios que tentaban contra una autoridad de origen democrático, “habrá que ver si el caso de Jorge Yunda se ajusta a parámetros similares porque en este caso el COOTAD si establece este proceso de remoción, por tanto indica varias causales en el artículo 333 para poder remover a una autoridad de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y justamente son parte de un proceso de fiscalización, destitución, que no puede ser activado por los concejales o concejalas, si no por cualquier ciudadano dice el COOTAD porque es parte del ejercicio de fiscalización”, concluyó.

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