El director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Renato González, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, comentó los avances sobre el caso ISSPOL y las supuestas inversiones irregulares, “nosotros hemos podido determinar tres momentos fundamentales, el primero de ellos es del año 2013 al 2019 cuando se realizan estas series de inversiones por decir lo menos irregulares, luego tenemos el primer semestre del 2020 cuando al cambio de directores se empiezan a realizar los primero hallazgos de manera aislada, pero que no daban el panorama completo, y finalmente a partir del mes de agosto del 2020 cuando el ISSPOL plantea sus primeras denuncias penales firmadas por el entonces director general, mi general Jorge Villarroel Merino en servicio pasivo y públicamente las emite la doctora María Paula Romo, en ese entonces ejercía como ministra de Gobierno, estos momentos son importantes para que se comprenda también la dinámica que ha llevado las diferentes investigaciones, las administraciones que están siendo investigadas fueron dirigidas en su momento desde el 2013 al 2015 por el señor general Enrique Espinoza de los Monteros, y desde el 2015 al 2019 por el general David Proaño Silva”, argumentó.
El coronel indicó que, pueden explicar la situación del ISSPOL desde el contexto general, “el ISSPOL tenía un capital aproximado de $1.550 millones de dólares, de ellos $600 millones están destinados a préstamos a nuestros afiliados que son las inversiones más seguras, rentables y que tienen un nivel de morosidad muy bajo del 2%, eso es lo que está garantizado en este momento, el inconveniente surge con los $950 millones de las inversiones no privativas que están divididos en varios segmentos, entre ellos la mal llamada operación swat por $327,3 millones de dólares en bonos de deudas internas, bonos con pacto de recompra que son en total $216 millones, de los cuales $205 millones son con las empresas del señor Chérrez y $11 millones con las empresas del señor Luis Domingo Viteri, luego tenemos $161 millones en bonos puros que también están relacionadas a las empresas del señor Chérrez, es decir, estos tres primeros tramos son los que nosotros tendremos que solucionar con las empresas del señor Jorge Chérrez Miño, luego viene un tramo de $69 millones que son los fidecomisos y que la Superintendencia de Bancos desde el año 2018 los observó al ISSPOL como figuras más semejantes a préstamos que a inversiones, posteriormente tenemos lo que se denomina la compra de facturas comerciales, negociables que son casi $47 millones y obligaciones que son deudas de las empresas, ¿cuál es el inconveniente de estos dos tramos que son similares en monto?, que la gran parte de estos negocios se realizaron con tres empresas que están en liquidación Ecuagran S.A, Delcorp S.A y Fertisol solubles de la familia de Gad Iván Goldstein, finalmente hay el tramo que se denomina para nuestras contrapartes los proyectos inmobiliarios, pero para nosotros son simples adquisiciones de terrenos que suman alrededor de $35 millones”, detalló.
“Las inversiones privativas que son para el interior de la institución y para nuestros afiliados son las más seguras, las no privativas si se podían realizar siguiendo una serie de procesos internos y externos, ¿cuál es el inconveniente?, el Gobierno Corporativo del ISSPOL era demasiado débil, no existieron los controles adecuados, además que existió colusión directa de varios funcionarios que en este momento están siendo procesados, tanto en el país como en el exterior, y súmele a eso la debilidad, lasitud y la complicidad de los organismos de control, de la bolsa de valores de Guayaquil, del propio Decevale, de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría General del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta del propio Banco Central, es impresentable que en el mal llamado operación swat una operación de $ 327 millones, el 8 de enero del 2016 el Banco Central manifieste que ese día hubo una falla informática, por la cual dicha operación fue registrada de manera manual”, recalcó González.
González aseveró que, hablaba de tres momentos iniciales, pero el encabezará el cuarto momento que es de la recuperación, “esto no es un atraco sencillo, algo muy bien elaborado, lo hemos considerado como un caso específico de crimen organizado político y económico transnacional porque ya expliqué la colusión, complicidad y coordinación perfecta que existió entre actores internos y externo al ISSPOL, hasta de otros países, este es el diagnóstico, pero ahora debemos aplicar las soluciones, ¿cuáles son las soluciones?, recuperar estos capitales, parte de ello implicará la colaboración del Banco Central que por enésima vez realizó una cordial invitación, a que como fueron en su momento tan habilidosos e imaginativos para registrar una operación de manera manual, ahora nos den la facilidad a una institución pública cono es el ISSPOL para que se logren congelar esos $265 millones de bonos de deuda interna que aún permanecen en el DCB bajo la subcuenta del Citibank NY de Nats Cumco, y el control de Pichincha casa de valores, pero que legítimamente nosotros somos los propietarios, eso lo sabe el Banco Central, aspiro que el nuevo gerente general tenga la sensibilidad suficiente para ya haber agotado aquellos mecanismos internos, y si necesitan el apoyo del ISSPOL, si requieren que firmemos algún documento lo haremos encantados, pero lo importante será prevenir que esos recursos no sigan perdiéndose paulatinamente”, recalcó.
“Hay varias empresas en el tramos de los fidecomisos que se han acercado a plantearnos unas propuestas de pagos, que en este caso si cumplan con las formalidades que la ley exige, y además nosotros seamos capaces de recabar garantías reales y efectivas para esos recursos, en definitiva estamos haciendo todas aquellas acciones que nos permitan recuperar los valores», señaló el coronel y dijo que, “las afectaciones ya se han presentado de hecho en diciembre del 2020 por disposición de la Superintendencia de Bancos de estos $950 millones de dólares, que denominamos en incertidumbre, ya se dispuso de $822 millones sean reclasificados de inversiones fallidas a cuentas por cobrar, se entenderá que cualquier organización, institución, empresa con ese nivel de afectación a su capital, va ha presentar afectación, tanto así que hace aproximadamente 15 meses están suspendidos los prestamos quirografarios y no los podemos habilitar porque no contamos con los recursos para destinarlos a ese fin, adicionalmente el sistema de salud que fue desatendido en los últimos años está en un nivel bastante precario, reportarán y recibirán bastantes quejas de nuestros afiliados a nivel nacional de las malas condiciones en las que se les da el servicio de salud, esas son afectaciones directas, tenemos también a la postre una afectación muy cercana que esperamos sea solucionado con el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es el pago de pensiones que es una de nuestras prioridades, hasta el momento hemos podido cumplir puntualmente con el pago de las mismas, pero tenemos liquidez para el mes de junio y haciendo un esfuerzo hasta julio, sin embargo, no hemos recibido los aportes patronales y personales que corresponden por ley desde el mes de enero, entendería que en las próximas semanas el doctor Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, conscientes de la gravedad de la caja fiscal, realizará las transferencias que nos permitirá seguir prestando las obligaciones que nos corresponde como aseguradores de nuestros afiliados».
El director mencionó que, en el caso de la Policía Nacional recibieron hace pocas semanas la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la mal llamada Ley del Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional que se emitió en el 2016 y que básicamente redujo el nivel de aportación del personal, es decir, del 23,10% al 11,45%, “pero también esto es lo más grave el nivel de aportación patronal del 26% al 9,15%, esto ha sido declarado inconstitucional, desde el 4 de mayo se han recobrado estos niveles de aportación y nos van a permitir mantener lo fundamental de la seguridad social”, acotó y expuso que, “por sentido común y como ciudadano yo quiero hacer un llamado consciente a la colectividad para que se comprenda la lógica de un servicio militar obligatorio, implica un período en el cual esa juventud que sale del bachillerato y que todavía no sabe cual será su futuro, reciba unos meses la formación en valores, doctrinas, incluso en los últimos tramos de la formación militar también se daban capacitación técnica, hay que verlo como una inversión en nuestra juventud, lastimosamente uno de los graves problemas y el caso ISSPOL lo evidencia es está situación de ambición desmedida de nuestras élites económicas, de siempre acumular más capital en el desmedro de la población en general”.
“En el caso del ISSPOL atentaron contra los fondos de la seguridad social policial de 80 mil policías, de 280 mil personas, o sea, en otras palabras atracaron el futuro, por eso es importante y estoy de acuerdo que si en algún momento se llega a retomar el servicio militar obligatorio, que se lo considere desde esta opción, es una etapa en la cual la formación que se ha recibido en casa puede verse reforzada a través de la disciplina, doctrina y transmisión de valores que realizan nuestras Fuerzas Armadas”, explicó el coronel.
El coronel fundamentó que, lo más lamentable es que el déficit de vivienda en la Policía Nacional es muy amplio, “y encontrar está realidad de dineros que fueron desviados en estas inversiones, a mi me duele el alma, le doy un ejemplo más patético todavía el seguro de enfermedad y maternidad llegó a contar en sus registros con $140 millones de dólares, imagínense la magnitud de recursos que había, es decir, el dinero sí existía lo que no hubo fue voluntad de atender a nuestros afiliados, con esa cantidad de dinero ya podríamos tener el nuevo hospital policial de tercer nivel, deberíamos contar con quirófanos ultra modernos, pero tranquilidad nosotros estamos haciendo las cosas como corresponden, pedimos paciencia a los afiliados, son cambios que no podrán ser inmediatos, que llevarán algunos meses y semanas implementarlos, conscientes de que en el corto y mediano plazo vamos a poder inyectar dinero a nuestro seguro de enfermedad”, subrayó.
“Como tenemos la sentencia de la Corte Constitucional de elaborar un nuevo proyecto de ley de seguridad social para la Policía Nacional, vamos a dejar ahí artículos que le permitan al consejo directivo año tras año determinar montos, plazos y tasas de interés para las prestaciones privativas, en virtud de ello nuestro objetivo al mediano plazo será que exista una especie de arento, es decir, 80% de los recursos dirigidos a inversiones en préstamos de nuestros propios afiliados y un 20% que se debe mantener en liquidez para el pago de las prestaciones”, aclaró González.
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