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Justicia Especial para la Paz de Colombia imputa a militares por asesinatos y desapariciones forzadas

by Kelvin Jarama

La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia avanzó en el caso 03, conocido como “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.

Este martes 6 de julio, el tribunal de justicia transicional, surgido en 2016 tras los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, imputó a 11 personas —un general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un civil— por la muerte de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24. Entre los cargos estarían los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Este es el primero de, al menos, seis autos y corresponde al Catatumbo, una subregión del departamento del Norte del Santander, fronterizo con Venezuela. Los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2009 y la JEP se ha basado en centenares de documentos, así como en el testimonio de decenas de militares y civiles relacionados.

Este primer auto de 284 páginas sitúa el inicio del plan de desaparición forzada en el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) en Ocaña. 

Estas muertes se conocen popularmente como “falsos positivos”, una estrategia militar que consistía en ejecutar extrajudicialmente a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. De esta forma, los soldados recibían bonificaciones que iban desde compensaciones económicas hasta tiempos de vacaciones por haber golpeado a las bandas insurgentes en el marco del conflicto armado.

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