Pablo Celi ha declarado públicamente que tiene una relación familiar lejana con Raúl De la Torre, ex funcionario de Petroecuador y procesado por delincuencia organizada en Estados Unidos, pero aseguró que jamás habló con él, que le separan aspectos y conductas éticas; que no hay nadie en el país que pueda decir con pruebas que solicitó favores y recursos para alguna decisión como contralor subrogante, todo esto desvinculándose de todas las acusaciones en su contra.
El asambleísta de UNES Juan Cristóbal LLoret, quien es el principal acusador este proceso político, sostiene con pruebas documentadas que Pablo Celi ha actuado de forma Ilegal, se autoproclama contralor general del estado y el concejo de participación ciudadana rectificá sus funciones y personalidad jurídica, además de eso, todas las autoridades del gobierno del ex presidente Lenin Moreno sabiendo la ilegalidad de sus funciones, desvían la vista y el entonces contralor continua con sus funciones.
«Se creía el emperador y podía hacer lo que el quería con el país», dentro de toda esta trama hay una estructura corrupta que sigue operando en el país y que involucra a autoridades de las esferas mas altas del poder, funcionarios públicos que se rotaban en sus funciones y que autorizaban todos los movimientos irregulares que se suscitaron por parte de la contralaría general del estado.
Por su parte el contralor Pablo Celi, se ha declarado como un perseguido político, desconociendo todas las pruebas y argumentos que se han presentado hasta la fecha para demostrar su culpabilidad en todos los delitos que se le acusa, 7 millones de dólares que se desvanecieron por el pago de convenios de la Junta de beneficencia de Guayaquil con clínicas particulares de la ciudad. Además de firmas de contratos millonarios a través de terceros al interior de la contraloría con empresas del señor Daniel Salcedo Bonilla, otro implicado en aptos de corrupción con instituciones publicas del país.