Después de una sesión que tomó 12 horas, el Pleno de la Asamblea resolvió llamar a juicio político al excontralor, Pablo Celi, entre críticas al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.) por no haber entregado un informe con las conclusiones y recomendaciones.
La moción fue presentada por los asambleístas Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática (ID) y Ana Belén Cordero, de Creo, y obtuvo 134 votos a favor (unanimidad de los presentes), cuando requería de 70 para ser aprobada, este miércoles 11 de agosto de 2021.
“Qué bueno que primó el respeto finalmente, la transparencia y aspiro a que la próxima semana se mantenga en el juicio político”, dijo Cordero, una vez terminó el debate del que participaron 31 legisladores.
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley Legislativa, en el plazo máximo de cinco días, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK) deberá convocar al Pleno para decidir una posible censura que podría inhabilitar a Celi para ejercer cargos públicos por dos años. El excontralor y su interpelante, Juan Cristóbal Lloret (Unes), deberán presentar en el hemiciclo sus pruebas de cargo y descargo.
“A todo pez le llega su hora”, manifestó Lloret, quien acusa a Celi de arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas e interferencia en la Función Electoral, entre otras causales. “No estoy dispuesto a colocar ninguna verdad debajo del tapete”, puntualizó.
Durante el debate hubo arremetidas de los asambleístas de la Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK), el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), quien no acudió a la sala de sesiones del Pleno para defenderse y retiró un pedido de intervención que había programado.
El asambleísta Ricardo Vanegas (PK) planteó al Pleno que se abriera un expediente en contra de Villavicencio por no haber entregado un informe con las conclusiones y recomendaciones sobre el pedido de juicio político a Celi. La socialcristiana Soledad Diab lo acusó de mentir sobre este tema.
La correísta Victoria Desintonio emplazó a Villavicencio a que diera un paso al costado en la Comisión y rechazó que él hubiera responsabilizado a la secretaria de haber notificado de manera extemporánea un pedido de prórroga para la entrega del documento.
Johana Moreira (ID) lo catalogó de cobardía. Amada Ortiz (ID) sostuvo que “no se puede tapar la negligencia del presidente de la Comisión de Fiscalización”. “¿Qué va a pasar con la Comisión? ¿Qué va a pasar con el Presidente? Juicio político sí, show no”, increpó Ortiz.
Entre fuertes epítetos, el primer vocal del CAL, Darwin Pereira (PK), acusó a Villavicencio de lanzar “lodo con ventilador” contra el Parlamento. “Dice que es el único iluminado. Que se largue a su casa!”, remarcó. Consideró que debería ser investigado “a lo mejor sus cuentas se están engordando”.
El legislador Ramiro Narváez (ID) manifestó que este no es el primer error de la Comisión, pues antes del caso de Celi llevó al Pleno a que se archivara un pedido de juicio político al exministro René Ortiz debido a la finalización de los plazos.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), llamó a los legisladores a un “debate con altura” cuando la socialcristiana Nathalie Arias y Diego Ordóñez, de Creo, confrontaron sobre sus estilos personales en los debates.
Viteri, entre aplausos y risas de algunos legisladores, aludió a Ordóñez como un legislador que no tiene emociones. Él llamó a que los debates sean en función de criterios jurídicos y políticos, y criticó que algunos catalogaran de “histórico” al juicio político contra Celi; apuntó que “no es para tanto” y que el excontralor “es una de las últimas piezas de un engranaje de corrupción” del Gobierno de Correa.
Antes del debate y la resolución de hoy, al Secretario de la Asamblea le tomó seis horas leer un informe con los criterios de cada uno de los nueve integrantes de Fiscalización, como estipula la norma cuando la Comisión no logra aprobar una resolución sobre el pedido de juicio político.
Además, Vanegas confirmó que presentó una queja contra Villavicencio por haberlo vinculado a una empresa que es investigada por la Contraloría, sin pruebas. Pidió al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que sea sancionado como una falta administrativa grave con una suspensión sin sueldo hasta por 30 días. En una rueda de prensa, Villavicencio se ratificó en sus acusaciones.
Fuente: El Comercio