Como una ‘victoria’ se declaró en Guayaquil, lo resuelto por los jueces constitucionales. Durante 32 días el magisterio mantuvo la medida de protesta.
Tras conocerse que la Corte Constitucional (CC) ratificó la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), los docentes levantaron la medida de huelga de hambre que iniciaron hace 32 días, justamente, reclamando un pronunciamiento del organismo jurisdiccional.
De a poco levantantaron los colchones y carpas que instalaron para elevar su protesta en contra de dos demandas de inconstitucionalidad planteadas a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del periodo anterior.
El dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayaquil, Alonso López, dijo que se sentían emocionados, pero también cansados, al haber transcurrido 32 días de esta medida de huelga de hambre, a la que se plegaron unos 100 maestros, docentes y familiares en al menos doce provincias ecuatorianas.
“Esta es una victoria contundente e histórica. Es una victoria del pueblo ecuatoriano, es un paso importante para que las maniobras fraudulentas sean derrotadas y para que respeten las reformas en beneficio de la educación que pretenden desmantelar diez años de corrupción del correísmo y del morenismo”, indicó López.
Mientras que en Quito, por la mañana, los manifestantes levantaban los puños en señal de victoria al conocer la resolución constitucional.
Los jueces de la Corte Constitucional, este 11 de agosto, declararon la constitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se publicó en el Registro Oficial el 19 de abril.
La medida cautelar que impedía su vigencia se levantó, no obstante no dejó vigentes artículos que se aprobaron para implementar un sistema de jubilación para los docentes y el incremento de remuneraciones, mientras no se resuelven las vicios de inconstitucionalidad por la forma.
En su sentencia, el máximo organismo de control constitucional “deploró” que los “órganos colegisladores” omitan garantizar el “principio de sostenibilidad de la seguridad social”, y sobre todo de contar con estudios actuariales actualizados que apoyen la creación de nuevas prestaciones para la seguridad social.
Daba referencia a los asambleístas del periodo anterior que aprobaron estas modificaciones legales y al expresidente Lenín Moreno que remitió su publicación al Registro Oficial, sin observar previamente análisis tanto actuariales como económicos.
A la Asamblea Nacional se le dio la “oportunidad” para que en un plazo de 30 días subsane la omisión de deliberar sobre estas disposiciones en estudios actuariales actualizados y específicos, que estén elaborados en un lapso de seis meses.
El Legislativo podrá discutir y votar en dos debates sobre los textos propuestos en ratificación o sustitución de las disposiciones normativas, elaborados con estudios actuariales. La Presidencia de la República se pronunciará sobre los mismos.
Cuyo plazo correrá una vez que la Asamblea cuente con los estudios actuariales “lo que deberá ocurrir dentro de los siguientes seis meses a la notificación de esta sentencia”.
Cuando estos tiempos se hayan cumplido, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones legales señaladas en este párrafo. “Hasta tanto, tales disposiciones no estarán vigentes por contener un vicio formal de inconstitucionalidad”.
También se declaró que los artículos 286 y 287 de la Constitución se transgredieron en la formación de disposiciones de la norma, en lo relativo al aumento generalizado de las remuneraciones de los docentes.
Se dio un plazo de 30 días para que se subsane la omisión con un análisis de factibilidad financiera, que se elaborará en un lapso de seis meses.
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