El movimiento indígena exigió al Gobierno de Guillermo Lasso “anular” los decretos ejecutivos involucrados con la política minera y petrolera, además advierten con avanzar sus “acciones de contienda, resistencia, gobernanza y control territorial” en rechazo a estas posiciones que “oficializan la ingreso en vigencia de los planes de acción rápida para crear transformaciones profundas de la política petrolera y minera”.
En un comunicado suscrito por varias organizaciones de base, cobijadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se rechazaron las “intenciones del Gobierno” respecto de las acciones gubernamentales en minería y petróleo.
“Estos documentos han despertado nuestra preocupación por la vulneración de nuestros derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos”, se reseña en un comunicado difundido este 19 de agosto.
En el caso del decreto ejecutivo 95, se cuestionó que “protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y propone una ‘transición’ en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales”. Se agregó que consideran que el decreto implica una “grave afectación a los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población”.
La Conaie y Confeniae advierten que los dos decretos expanden el extractivismo y no explican cómo se garantizarán los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de sus pueblos y nacionales.