Al ser designado César Córdova como defensor del Pueblo encargado y Pablo Iglesias en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Pachakutik (PK) se impulsa un juicio político a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por tres temas diferentes relacionados con la designación de autoridades.
La propuesta de esta interpelación polítca vino de los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik.
La primera solicitud es en contra de Sofía Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, que con sus votos el pasado 23 de abril de 2021, removieron de sus funciones a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. En contra, votaron Hernán Ulloa y Francisco Bravo y David Rosero se abstuvo.
El segundo pedido es por un hecho reciente, y es en contra de Almeida, Dávalos, Rosero y Estupiñán por la designación de César Córdova como defensor del Pueblo encargado.
Otro motivo para enjuiciarlos políticamente y en este caso, a los siete vocales, es por la designación de Pablo Iglesias Paladines como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), el 4 de marzo pasado.
Su designación se dio pese a que en su hoja de vida constaba que fue consultor de la empresa ACME, de la que Christian Cruz, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, es su propietario, lo que configuraría también “un conflicto de intereses”.