EI sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional profundo que instala, una vez mas, en el debate publico los alcances, limites y supuestos de la rehabilitacion social.
La Constitución del 2008 dio los cimientos de este mecanismo, según el informe titulado “El modelo de gestión penitenciaria del Ecuador”, de mayo del 2013, publicado por el entonces Ministerio de Justicia, hoy subdividido en la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes infractores del Ecuador (SNAI)
La clasificación de las personas privadas de libertad en pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, separadas por criterios, como que quienes cometieron delitos menores no estén con los sentenciados por casos más graves; asesinatos o narcotráfico internacional, por ejemplo, es uno de los principios que se debe seguir en el sistema carcelario del país.
Para lograr una verdadera rehabilitación social y reinserción, el modelo de gestión penitenciaria del Ecuador debe funcionar de la mano de otras instituciones, dice el analista Yaakov Cedeno. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debe encargarse de los programas educativos y el Ministerio de Salud de la salud física y mental de los internos. Por otro lado, el Ministerio de Cultura es responsable de los programas culturales, y la Secretaría de Deportes de las actividades deportivas dentro de los centros de rehabilitación.
Sin embargo, aunque son varias las instituciones las que participan en el sistema carcelario, el ente rector de todos los centros de rehabilitación social es el SNAI. El SNAI es la institución que se encarga de administrar todas las cárceles y coordinar, de forma general, su funcionamiento.
Para que el sistema carcelario funcione de forma sostenida, necesita un presupuesto. Sin embargo, este se ha reducido en los últimos años. En 2017, por ejemplo, hubo un presupuesto de 131 millones de dólares, en 2021, el presupuesto es de 91,4 millones. Actualmente, según Oña, los valores estimados para cada persona privada de la libertad fluctúan alrededor de los 2,34 dólares al día solo para alimentación. Sin embargo, según el criminólogo Santiago Arguello, lo que se está gastando no es suficiente y no alcanza para mantener el sistema como se lo planificó. “Ya no hay educadores, ni médicos, ni psiquiatras, hemos ido de mal en peor”, dice el experto que tiene más de 30 años trabajando de cerca con el sistema penitenciario ecuatoriano.