Al proyecto urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en el primer día de comparecencias en la mesa legislativa de Desarrollo, le cayó una lluvia de críticas y observaciones de parte de expertos económicos y tributarios con quienes arrancó el análisis y debate que contribuirán para la construcción del informe para primer debate en los próximos nueve días.
Las críticas se centraron en la tabla de aportaciones tributarias de las personas naturales, el impuesto patrimonial y la eliminación de deducciones de gastos personales, pues advierten del riesgo de contraer la economía, informalizar el comercio y desincentivar la inversión en el país.
Tras la primera ronda de comparecencias, la asambleísta Wilma Andrade (ID), presidenta encargada de la comisión legislativa, señaló que las observaciones realizadas por los expertos tributaristas serán analizadas y algunas incorporadas para el debate del proyecto.
Lo que llama la atención, añadió la legisladora, es el impuesto referido a las personas naturales que ganan más de $2.000 mensuales, sin que se genere las deducciones como existía antes, lo cual atentaría a la formalidad del tema tributario.
Es posible buscar un equilibrio, dijo la representante nacional, pues si se amplía la base contributiva podría bajar los porcentajes en lo que significa las contribuciones patrimoniales. En algunas exposiciones realizadas existen razón y fundamento, manifestó pues ella coincide en la necesidad de revisar la eliminación de los deducibles, porque si no se terminará afectando a la clase media, se contraerá la economía y bajará el consumo.
Andrade consideró que la propuesta ambiciosa del gobierno de obtener $1.800 millones, con la aprobación del proyecto de Desarrollo Económico, tendrá que aterrizar de manera más realista, debe evitar la contracción económica y ser menos dramática para algunas personas.
La comisión continuará este fin de semana en sesiones permanentes con comparecencias del sector empresarial y a partir del lunes acudirán los representantes económicos y del sector financiero del gobierno.
Juan Francisco Jaramillo, experto tributario comenzó su exposición señalando que el proyecto tiene cosas rescatables que se deberían apoyar como la inclusión de la transacción como forma de extinción de las obligaciones tributarias, lo cual permitirá resolver los conflictos entre el contribuyente y el sujeto activo como recaudador.
Pero respecto a la carga tributaria hacia las personas naturales, que según la propuesta significaría cerca de $800 millones, Jaramillo señaló que ésta parte de definiciones erradas porque se dice que únicamente afectará al 3.4% de los ecuatorianos, pero que ese grupo de personas pertenece a la clase media que es la que mueve la economía del país, que tienen ingresos entre $2.500 y $5.000 mensuales, pero a su vez tiene un cierto tipo de confort y puede educar a sus hijos en un colegio privado o contratar seguros privados, y eso es consumo y reactivación de la economía formal del país.
Estas personas, añadió, no deben ser castigadas con más impuestos y si quieren mantener la tabla impositiva propuesta en el proyecto debe mantener el sistema de deducciones para ese sector de personas, pues cuando se tiene gastos se pide facturas y eso formaliza el comercio, y eso genera impuestos indirectos, puntualizó.
Para el ex presidente de la Cámara de Quito, Patricio Alarcón, el objetivo de la reforma del gobierno es netamente recaudatorio, va en contra de la reactivación económica y la formalización de la economía, y sostuvo que en el Presupuesto General del Estado no se ve un esfuerzo compartido con el Estado que incrementa alrededor de $2 mil millones para el próximo año.