«Rechazamos declaraciones del Gobierno que en lugar de responder sobre acusaciones que lo vinculan con #PandoraPapers amenaza a quienes investigan presuntos delitos: perjurio, defraudación tributaria, testaferrismo y peculado bancario del Presidente Lasso», comunicó el Movimiento Revolución Ciudadana a través de su cuenta de Twitter.
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el informe que contiene los resultados de la investigación contra el presidente del país Guillermo Lasso, en relación con la información que fue publicada en los Papeles de Pandora y en donde él se encuentra vinculado.
Seis miembros de la comisión aprobaron la moción, dos votaron en contra y se constató de una abstención. El informe dice que Lasso violó el Pacto de Ética de 2017, que prohíbe a los funcionarios del gobierno ecuatoriano tener cuentas bancarias en el extranjero. Según el documento, Lasso ignoró las disposiciones del artículo 130 de la Constitución del país, lo que podría derivar en su destitución.
La comisión recomendó que el presidente comparezca ante la Asamblea Nacional dentro de ocho días para esclarecer la situación. Además, se enviarán copias del informe a la Fiscalía General del Estado, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos.
En respuesta, el gobierno ecuatoriano negó todas las acusaciones contra el presidente en el informe.
«Guillermo Lasso, el único que conspira contra su gobierno es Ud. mismo, con sus malas decisiones, su falta de ética, su nula transparencia y gran inoperancia. No mienta, no somos golpistas, somos oposición democrática que exige responda por #PandoraPapers», publicó Marcela Aguiñaga, Presidenta del movimiento correísta.
Según información divulgada en los Papeles de Pandora, Lasso administraba 14 empresas offshore, la mayoría de las cuales estaban registradas en jurisdicción panameña. El Jefe de Estado confirmó que era dueño de este tipo de empresas en el pasado, pero se deshizo de ellas antes de que entrara en vigor una ley que prohibía a los empleados del gobierno mantener activos en paraísos fiscales.
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