En la Asamblea Nacional aún no existen posturas oficiales de las cinco bancadas respecto al informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, que señaló un incumplimiento por parte del presidente Guillermo Lasso de la Ley del Pacto Ético que prohíbe ocupar cargo público a propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales.
Sin embargo, hay asambleístas que tienen sus criterios sobre las recomendaciones del documento que se leyó el viernes pasado y que recibió el respaldo de seis votos provenientes del movimiento Pachakutik y del sector correísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES). Desde la comisión se informó que el informe se entregaría a las 17:00 del 7 de noviembre a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
De Pachakutik, el coordinador de bancada, Rafael Lucero, no respondió a su teléfono, pero sí lo hizo su coideario Ricardo Vanegas, quien primero aclaró que su posición no es del bloque sino personal y que difícilmente cambiará frente a lo elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que -a su criterio- perdió objetividad y la técnica jurídica en el proceso de investigación y ha presentado un informe con una indebida motivación y con base en supuestos llega a varias recomendaciones. Las recomendaciones no pueden ser de supuestos, sino de certezas, replicó.
Para el legislador, en el informe no se puede señalar que el presidente ha cometido un delito, primero se tiene que recabar las pruebas para determinar si adecuó su conducta en un presunto delito, pues la Asamblea no es juez ni fiscal.
Vanegas insistió en que sin pruebas no se puede acusar a nadie, y en este caso la carga de la prueba está en la Comisión de Garantías y no en el mandatario, quien no está obligado a presentar las pruebas y menos a comparecer a una comisión, y tampoco ante el pleno de la Asamblea Nacional como lo sugiere una de las recomendaciones del informe.
Además, Lasso tiene que responder por sus actos desde el día de su posición, lo que él haya hecho antes no le corresponde al Parlamento, porque no era funcionario público, añadió.
Constitucionalmente, el primer mandatario solo acude al Parlamento para rendir los informes anuales, posesionarse del cargo o cuando haya un llamado a un juicio político, en este caso, no se reúnen las causales señaladas en la misma Constitución. La Asamblea Nacional no puede hacer más allá de lo que la Ley lo permite, advirtió Vanegas.
A su criterio, la Comisión se olvidó de señalar que la Fiscalía General del Estado inició un proceso de investigación sobre los Pandora Papers, y en esa etapa no se puede entregar información, y tampoco las autoridades como la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas pueden entregar información, porque estarían violando la Ley; por lo tanto, es inoportuno recomendar que porque no entregan información tienen que ser enjuiciados.
Desde la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo consideró que el pleno deberá resolver sobre lo que determinó la mesa legislativa de un incumplimiento de funciones, y que si la Asamblea inició esta investigación no significa que se pretenda perseguir al presidente de la República.
Si hubo o no conmoción social es un criterio subjetivo, recalcó el representante naranja, pues en este momento lo que requiere el país es estabilidad, generación de empleo y el Ecuador no puede seguir empantanado en temas coyunturales desgastantes. Aclara que la ID no defiende a nadie, pero cabe preguntarse si esto le conviene al país: la inestabilidad y el caos.