El informe de minoría de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que investigó los Pandora Papers y el supuesto nexo con el presidente de la República, Guillermo Lasso, no supera las 45 páginas, en contraste con el de mayoría que tiene 315.
Pero esa no es la principal diferencia. El primero concluye que el caso debe ser archivado y que toda la información recopilada debe ser enviada a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que desarrollen la investigación pertinente; mientras que el segundo sugiere que el mandatario ha incumplido la norma que prohíbe a los funcionarios públicos tener bienes o dinero en paraísos fiscales y pide al pleno que lo cite para que comparezca y exponga su versión de los hechos ante todos los legisladores, ya que no acudió al llamado de la Comisión, entre otras recomendaciones.
El informe de minoría está firmado por Vicente Saquicela, de las filas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), y Gruber Zambrano (antes del PSC). Ellos votaron en contra del documento de mayoría, aprobado el pasado 5 de noviembre, que tuvo los votos de José Cabascango, Édgar Quezada y Mario Ruiz (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES). Sofía Sánchez (Minka-Pachakutik) se abstuvo.
De entrada, el informe de minoría señala que “es cuestionable” que la Comisión de Garantías Constitucionales tenga competencia para investigar el tema, puesto que la de Fiscalización y Control Político es a la que, por ley, le corresponde hacerlo.
Luego analiza que la Asamblea solo puede fiscalizar los actos de las distintas funciones del Estado. Y en ese marco señala que la Ley del Pacto Ético que habría incumplido Lasso entró en vigor en septiembre del 2017. Por tanto, la Comisión no puede sustentar su investigación en hechos (como traspasos, documentos y otros) anteriores a esa fecha cuando Lasso no era funcionario. “No se puede incumplir con la prohibición de mantener bienes o capitales en un paraíso fiscal de una norma que no existía”.
Y recuerda que la Función Electoral ya determinó que la candidatura de Guillermo Lasso cumplía con todos los requisitos cuando esta fue impugnada.
En el informe se cuestiona que la mayoría haya elaborado un informe sin la fuente original de información de los Pandora Papers, con menos del 50 % de las comparecencias convocadas y con la comparecencia de expertos a los que califica como “sesgados”.
Y, finalmente, se critica que el argumento del informe de mayoría sea que exista una situación “de grave conmoción social”.
“La expresión ‘grave conmoción social’ implica una situación de levantamiento y de grave alteración del orden público. Sorprende el uso de esa terminología cuando no se han registrado alteraciones del orden público generadas en el país por el asunto, ni ha debido destinarse especial atención de la fuerza pública para contener hecho alguno que se asemeje a una situación como la que hace referencia dicha expresión”, indica.