El próximo 2 de diciembre, un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) conocerá en audiencia el recurso de apelación que presentaron el exvicepresidente Jorge Glas, los exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, y cuatro personas más contra la sentencia de culpabilidad de primera instancia que se les emitió por el delito de peculado, dentro del denominado caso Singue.
Junto a los tres exfuncionarios del régimen de Rafael Correa, también presentó un recurso de apelación César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue. Los cuatro fueron condenados como coautores a ocho años de cárcel.
La lista de apelantes sentenciados se completa con los funcionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos, a quienes se les condenó a una pena de cuatro años de prisión una vez fueron ubicados por la Fiscalía como cómplices. Los jueces Luis Rivera (ponente), Felipe Córdova y Daniella Camacho conformarán el Tribunal de Apelación.
En una audiencia de juzgamiento, dada el 25 de enero pasado en la Corte Nacional, con el voto de mayoría de los jueces penales José Layedra y Xavier de la Cadena se sentenció a estas siete personas, debido a que la Fiscalía logró probar la participación de estos en un peculado ocurrido en la concesión del campo petrolero Singue.
A los siete condenados se les ordenó también ofrecer disculpas públicas, publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional y de forma proporcional, según su nivel de participación, deberán pagar $ 5 millones como reparación al Estado, pues sería el total del perjuicio causado a través del delito de peculado.
La Fiscalía aseguró que en audiencia probó que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC), en la que además, dijo, se cometieron irregularidades incumpliendo requisitos legales.
El perjuicio al Estado, según el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien llevó la acusación en este caso, se produjo al fijar un precio de $ 33.5 por barril, valor que habría sido menor al de la oferta inicial, y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.