El 95 % de las personas naturales y jurídicas que acudieron a presentar sus observaciones al proyecto de Ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no está de acuerdo con la reforma planteada por el Ejecutivo, y se tendrán que hacer varios cambios en la propuesta que inició la elaboración del informe.
Lo reveló el legislador César Rohón (antes de PSC), quien anticipó que la Asamblea Nacional tiene que encontrar el equilibrio para garantizar la equidad, justicia tributaria y progresividad; por lo tanto, hay una serie de factores que no se han tomado en cuenta, pues se trata de una ley tributaria y no el cuadre de un balance, para establecer ingresos y gastos. “Aquí no se tienen que forzar las cifras”, refutó.
La comisión desde el 11 de noviembre empezó a elaborar el informe para primer debate y se espera que el documento esté listo el fin de semana. Todos los sectores políticos representados en la comisión hablan de que se recomendarán cambios a la propuesta inicial del Gobierno.
El asambleísta César Rohón indicó que si bien el Gobierno necesita ingresos permanentes y tributos permanentes, no se puede quitar el derecho de las personas a deducir sus gastos personales, en un país donde no hay servicios eficientes en salud, educación y seguridad, donde las familias optan por esos servicios y buscan la factura para deducirlos.
El representante del oficialismo, Francisco Jiménez, mostró apertura para realizar cambios en la reforma tributaria, pero dijo que cualquier definición que se llegue tiene que tener dos pilares perfectamente cumplidos: el primero, que la reforma tributaria sea una herramienta para la reactivación económica con reglas predecibles, estables y además un monto de ingresos que permita esa reactivación. Y el otro pilar es que sea una herramienta de sostenibilidad fiscal.
En torno de las deducciones de gastos personales, Jiménez admitió que hay criterios divididos en la comisión, porque hay quienes sostienen que el rango debe ser superior a los $ 5.000 como lo propone el Ejecutivo. En todo es posible ceder, afirmó el legislador de CREO, pero la cesión debe ser con sentido común y priorizando los intereses del país.
Una mesa técnica compuesta por representantes económicos del Gobierno, los sectores productivos, la academia y la sociedad civil acompaña a la comisión legislativa en la redacción del informe para primer debate, donde prácticamente se incluirán las observaciones planteadas por más de 70 personas e instituciones que comparecieron.