o El año 2020 cerraron 40300 empresas activas (diferencia entre empresas que cierran y empresas que se inician); o Las ventas de las empresas que resistieron cayeron en 27000 millones de dólares;
o Se destruyeron más de 186000 empleos formales; o El consumo real por persona disminuyó -8.3%; o El ingreso de los ecuatorianos tiene el poder adquisitivo más bajo de América del Sur medido en paridad de poder adquisitivo (PPA);
o El ingreso real por persona retrocedió al nivel de hace 11 años; o La economía (PIB) se contrajo en -7.8%;
o El desempleo y subempleo suman 67% de la fuerza laboral; o Un millón de personas dejaron la clase media y pasaron a la pobreza; o Tres millones de niños son los más afectados por la pobreza;
o La pobreza y pobreza extrema atrapan a más del 40% de la población nacional; y,
o La necesaria paz social ha sido puesta en riesgo.
A pesar de todo y en contradicción a principios básicos que rigen la economía se impone al país una reforma tributaria que incrementa y crea nuevos impuestos, impactando muy negativamente en la competitividad, directamente en el ingreso familiar de la clase media e indirectamente en el ingreso de todas las familias ecuatorianas. Por cuarto año consecutivo y claramente sin ningún resultado positivo, continúan las destructivas políticas de austeridad expansiva y entra en vigor una reforma tributaria que ignora la grave realidad social y económica de la gran mayoría de familias ecuatorianas en medio de recesión, pandemia, inseguridad y pobreza. No son solamente los recursos que por nuevos y mayores impuestos se extraerán de familias y empresas en medio de recesión y la pandemia, desacelerando el consumo y la demanda agregada subyacentes en la crisis, también esas políticas contractivas continúan reduciendo la inversión social pública, haciendo que los efectos negativos y recesivos sobre familias y empresas se multipliquen.
Po: Econ. Marco Flores T.
Foto cortesía