El constitucionalista fue designado para ser comisionado por delegación de la función de Transparencia y Control Social, pero el pasado 29 de noviembre presentó su renuncia, en la que expone sus preocupaciones respecto del concurso público. Una de estas, es la actuación de las funciones del Estado y los candidatos que proponen para ser jueces constitucionales, ya que varios de ellos incumplen los requisitos legales para ser escogidos, no remiten la documentación de respaldo, lo que ha obligado a la Comisión a requerir subsanaciones, cuyo efecto es que entrado diciembre no existan mayores avances en el proceso.
La conformación de una Corte Constitucional es una cuestión altamente trascendente en un verdadero Estado de Derecho y siendo, como lo es en la letra de la Constitución, no solo la magistratura encargada de resguardar la regularidad fundamental del ordenamiento jurídico, sino la de juzgar las decisiones de los jueces, un integrante de esta Corte debe ser una persona que tenga experticia y un dilatado conocimiento del Derecho en general y del constitucional en particular. La Comisión Calificadora está compuesta por dos delegados de tres funciones del Estado, como son la Presidencia de la República, Asamblea Nacional y la función de Transparencia y Control Social.
Su función es la de organizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la designación de tres jueces de la Corte Constitucional, quienes deberán asumir sus cargos en febrero del 2022. Aún no se ha informado si la función de Transparencia designará al remplazo de Oyarte. Estas mismas tres funciones deben proponer ternas de candidatos a ser jueces.
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