En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres, la fiscal general Diana Salazar continuará exponiendo los elementos de convicción para fundamentar su dictamen acusatorio contra los trece procesados por el delito de delincuencia organizada ocurrido a partir de tres entidades públicas entre los años 2017 y 2020.
La tarde del miércoles último, Salazar en casi tres horas expuso 6 de los 289 elementos de convicción generales y particulares que —dijo— sostiene para asegurar que los trece investigados mantienen la calidad de autores directos del delito que se analiza. Horas antes de que la fiscal general arrancara con su dictamen acusatorio, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova declaró válido todo lo actuado dentro de la instrucción fiscal y desechó las nulidades planteadas por las defensas de los acusados.
Diana Salazar sostiene que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado (CGE) y secretaría de la Presidencia de la República, que —valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco— planificó obtener beneficios económicos.
Según la Fiscalía, en la Contraloría, Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.
Los seis elementos de convicción expuestos hasta el momento incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados, acción realizada mediante pericias especializadas en la extracción y materialización. Para Salazar esas conversaciones de chat leídas en audiencia evidencian la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios, a quienes se solicitaba dinero, como con colaboradores, con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos.
Para la defensa del excontralor Pablo Celi, Marcelo Ron, lo que hasta el momento ha presentado la fiscal Salazar son transcripciones de chats con conversaciones referenciales de terceras personas y que no corresponden ni siquiera a los procesados. En cuanto a que el juez Córdoba declaró válido todo lo actuado, Ron calificó aquello como una falta de objetividad de él, como una falta de imparcialidad total.
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