Luego de ocho días de audiencias y una última de diez horas seguidas, el juez de la Corte Nacional de Justicia en la noche del jueves, Felipe Córdova, suspendió la diligencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso conocido como las Torres. El juez dijo que oportunamente se anunciará cuándo se reinstala la audiencia para dar a conocer su resolución de si llama o no a juicio a los trece procesados.
La audiencia culminó con la intervención de la fiscal general Diana Salazar, quien debía referirse a las exclusiones probatorias que señalaron los abogados de los acusados, a la pertinencia de pruebas solicitadas por esas defensas y además respecto a los pedidos de revocatoria, sustitución y revisión de las medidas cautelares que plantearon siete de los trece investigados.
Además, el juez Córdova finalmente permitió que cada abogado interviniera durante dos minutos para satisfacer la solicitud de Salazar de exención de la libertad condicional.
La última defensa de los procesados en intervenir fue la del excontralor Pablo Celi, Marcelo Ron. Él, al igual que el resto de abogados, pidió al juez de la causa que emita un auto de sobreseimiento a favor de su cliente y con ello se ratifique la inocencia, de las cuales, dicen todos los abogados, están seguros.
A partir de ahora, Felipe Córdova entró en la etapa de deliberaciones para analizar los argumentos de los sujetos del proceso: Fiscalía, Procuraduría General del Estado (PGE) y Petroecuador, estas dos últimas como acusadoras particulares, y las defensas de los trece procesados. Además, deberá revisar el expediente de la causa que cuenta con más de 800 cuerpos para verificar lo dicho en ocho días de audiencia.
El viernes último Salazar pidió que llame a juicio a los trece acusados en calidad de autores, haciendo la diferencia de que el excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores son los líderes de la organización, mientras que once son los líderes de la organización. colaborador. PGE ha procesado a 12 acusados, mientras que la estatal Petroecuador lo ha hecho solo con 11 acusados.
Diana Salazar sostiene que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General del Estado (CGE) y secretaría de la Presidencia de la República, que, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco, planificaron obtener beneficios económicos.
En estas tres instancias, a decir de Fiscalía, operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas. Desde Fiscalía se ha explicado que el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a Nolimit C.A., por $ 20.3 millones, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que habrían ejercido el liderazgo el exgerente Flores, el excontralor Celi y el fallecido exsecretario de Presidencia José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.
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