Home Seguridad Corte Nacional de Justicia se pronuncia sobre el uso de la prisión preventiva

Corte Nacional de Justicia se pronuncia sobre el uso de la prisión preventiva

by Jaime De La Cruz

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aprobó una resolución que busca aclarar a jueces y fiscales los alcances y características de la medida cautelar de la prisión preventiva.

En el documento de 15 páginas y 4 artículos, firmado el 15 de diciembre de 2021, los jueces reconocieron que la acción se tomó “arbitraria y bruscamente”. La prisión preventiva está prevista en el artículo 534 del vigente Código Penal del Poder Común (COIP).

“La prisión preventiva debe justificarse correctamente y de conformidad con la ley. Se ordenará solo si se ha demostrado que la persona investigada podría fugarse, caso contrario, se deben dictar otras medidas menos severas para garantizar su presencia al juicio”, señala la resolución de la CNJ.

Los jueces señalaron, en el artículo 1, que: “La prisión preventiva es una precaución personal especial, la cual debe ser solicitada y ordenada de acuerdo con las circunstancias de cada caso individual, de acuerdo con el criterio de este último (motivo), y sólo puede se aplicará cuando esté claro desde el punto de vista procesal que no existen otras precauciones individuales útiles y efectivas.

El artículo 2 asegura que: “La Fiscalía al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo”.

Se aclara que la resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP y contendrá al menos: una relación de cómo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada, se ajustan a un delito de acción penal pública sancionado con una pena privativa de libertad superior a un año que los elementos aportados por Fiscalía permitan razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o cómplice del hecho imputado.

La mera presencia de signos de responsabilidad no es motivo suficiente para una orden de restricción. La resolución establece que “la justificación de que las salvaguardias alternativas no es suficiente para evitar riesgos procesales y que la disuasión emitida es compatible con los principios de suficiencia, necesidad y proporcionalidad”.

La CNJ indica que la resolución tendrá el carácter de general y obligatoria y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Foto: Cortesía

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