Luego de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador diera a conocer que ha “revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial”, el Consejo de la Judicatura (CJ) toma acciones para conocer quienes son los funcionarios judiciales de esa lista.
Por una parte, el Consejo solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos o continúan en funciones.
Además, con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas.
Es la segunda vez que desde la Embajada de Estados Unidos se habla de la revocatoria de visas a ‘jueces y abogados’. A mediados de diciembre pasado, el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick en una entrevista a un medio digital expresó la preocupación de su Gobierno por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y las fuerzas del orden.
“Esta semana está el caso de los ‘narco generales’ y ya hemos retirado visas. (…) Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros como Petroecuador, compras públicas en el sector de la salud, esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas. (…) Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes”, señaló Fitzpatrick.
Días después, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador notificó a cinco generales de la Policía Nacional del retiro de sus visas con las que podía ingresar a ese país. Finalmente, en otro hecho que se hizo público, el 7 de enero pasado, Jorge Acosta, presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral y abogado de figuras políticas como los expresidentes Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno, el excontralor Carlos Pólit y el cesado alcalde de Quito Jorge Yunda, dio a conocer en su cuenta de Twitter que Estados Unidos le revocó la visa que se le otorgó en el 2007.
De acuerdo con un boletín de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito, emitido la tarde del lunes último, la revocatoria se dio al determinar que las personas ya no califican para estas visas. “Debido a que los registros de visas son reservados según la Ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho”.
En el caso de Acosta, quien aseguró que no ha defendido nunca ni a narcotraficantes, ni violadores y que no tiene “amigos verdes”, la revocatoria se basó en información adicional que fue proporcionada a la Embajada después de la aprobación y emisión de la visa, la cual indicaba que él podría ser inadmisible a los Estados Unidos e inelegible para recibir una visa. “Debido a las presentes circunstancias sus vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador y por consiguiente su visa fue revocada”.
Al tratarse de información personal, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela asegura no tener conocimiento de a quienes se les habría quitado la visa estadounidense, pero reconoce que esa es una decisión soberana. En diciembre, cuando se dio a conocer del retiro de visas a jueces y abogados, Saquicela dijo que esta es una situación preocupante que “merece una respuesta y tiene que investigarse con prontitud, oportunidad y objetividad”.
Mediante un comunicado emitido cerca de la medianoche del lunes último, el CJ sostiene que continuará ejerciendo sus competencias, como lo ha hecho desde 2019, implementando políticas y acciones enmarcadas en su Primer Eje de Gestión: Lucha contra la corrupción, mediante el cual como parte del control disciplinario han destituido a 240 servidores judiciales: 75 jueces, 44 agentes fiscales, 13 defensores públicos y 108 servidores administrativos; y se expidió 177 sanciones de suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.
“La Embajada de los Estados Unidos se toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. (…) La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos . Impide el crecimiento económico y socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instancias. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, igualmente involucrado”, según se indicaen el declaración sobre revocatoria de visas.
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