El gobierno del presidente, analiza la realización de la Consulta Popular en 2023, que incluirá preguntas sobre el sistema de justicia, los Consejos de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la reforma laboral. Según los analistas, hay una serie de factores que pueden facilitar la implementación de la consulta y su resultado.
Con una consulta popular, Lasso buscará hacer “enmiendas relativas a las funciones del ( CPCCS), pero no su eliminación. Quiere plantear “una nueva arquitectura institucional” para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. También analiza consultar a la ciudadanía sobre las reformas laborales, que aún no se han enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento.
Al momento, se diferencian tres escenarios para una consulta popular.
En el primer escenario, convendría efectuar una consulta popular en el 2023, por el aspecto económico. “Una consulta popular es cara”, dijo el analista político Maximiliano Donoso-Muller porque implica la impresión, armado y distribución de papeletas, y hacerla junto a las seccionales evitaría el costo adicional. “Se ahorrarían gastos de hacer dos procesos electorales diferentes”, sostuvo el politólogo Arturo Moscoso.
En el segundo escenario entra el aspecto jurídico. Una consulta en democracia es legítima, a criterio del analista político José Luis Fuentes. Pero opina que los temas mencionados por Lasso son amplios y tendrían consecuencias. “Escapan a lo que el mismo electorado podría decidir. Ya no es una consulta, está apuntando más que nada a un plebiscito. El plebiscito obliga a la aplicación directa de la reforma. En cambio, la consulta no”, explicó.
Moscoso, por su parte, señaló que las preguntas para la consulta popular deben cumplir con ciertos aspectos, uno de ellos es pasar por una revisión de la Corte Constitucional (CC). Además, dijo que según cómo se formule la pregunta respecto al (CPCCS) y al sistema judicial, se debe considerar lo establecido por la Constitución para no modificar la estructura del Estado.
El artículo 441 determina que el presidente de la República o la Asamblea puede realizar un referéndum cuando “la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución (…) no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución”.
Si con una consulta popular la ciudadanía apoya a las reformas laborales, “eso queda como una ley y ya no tendría que pasar por la Asamblea”, refirió Moscoso. Pero podría existir un problema si las reformas, en algunos aspectos, resultan regresivas de derechos. “No se pueden aprobar leyes que sean regresivas de derechos, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. La CC podría poner un límite”.
Para Donoso-Muller, la CC resultaría como un “candado” si se quiere modificar el sistema judicial, “la CC va a decir si es que son constitucionales las preguntas y si son constitucionales las intenciones detrás de las preguntas”.
En el tercer escenario entra en juego el aspecto político, en el que todo puede pasar hasta el 2023 porque intervienen varios factores. Un factor es “la fuerza del Gobierno de Lasso para salir victorioso en la consulta”, expresó Donoso-Muller.
Con base en una encuesta realizada por, en este mes, el analista refirió que la gestión de Lasso tiene una calificación del 51,81%, mientras que la gestión de las bancadas de la Asamblea no pasa del 26,39%. La encuesta también revela que, para la ciudadanía, lo mejor que ha hecho Lasso es la vacunación, pero no ha generado empleo.
La consulta popular es un recurso de última instancia del Gobierno “ante el bloqueo político que existe”, pero debe optar por una negociación política con todos los actores, considera Fuentes.
Los tres analistas coinciden en que a finales de año se verán las estrategias en el ámbito político que permita al Gobierno decidir si se arriesga o no con una consulta popular. Podría sumar apoyo o no obtener los resultados deseados.
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