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Ley de fomento al medio ambiente, declarada inconstitucional, regirá hasta 2023

by Jaime De La Cruz
Luego de 10 años, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la Ley de Promoción Ambiental

Luego de 10 años, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la Ley de Promoción Ambiental, aprobada en 2011 bajo la administración del expresidente Rafael Correa.

Aunque el organismo determinó el pasado 12 de enero que dicha ley no cumplía con el principio de unidad de materia, es decir, no abordó un mismo tema, esta seguirá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

 La permanencia de la aplicación de la ley está condicionada, señaló Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Esto, debido a que la sentencia de la CC establece que hasta finales de 2023, “el Presidente de la República, de considerarlo pertinente, podrá promover las reformas legislativas que suplan aquellos vacíos normativos que pudieran afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Además, se resalta que el proyecto o proyectos que, en caso de ser presentados, deberán ser tramitados por la Asamblea Nacional, dependiendo del trámite que corresponda: ordinario o económico urgente.

Quintana señaló que no existe razón para que se difieran los efectos de la sentencia y, por el contrario, la Corte debía determinar la retroactividad, para que los recursos cobrados inconstitucionalmente sean devueltos.

“Cuando la CC declara la inconstitucionalidad de la ley, la regla general según la Ley de Garantías Jurisdiccionales es que esa declaratoria genera efectos hacia el futuro, pero ahí mismo permite maniobrar los efectos de la decisión en el tiempo y, excepcionalmente, puede dar un efecto de retroactividad”, aseguró el experto.

No obstante, la sentencia detalla que la “inconstitucionalidad inmediata podría generar dudas sobre las funciones del Comité de Política Tributaria o sobre las múltiples reformas en materia impositiva”, lo cual afectaría gravemente la seguridad jurídica a nivel nacional.

Además, detalló que se generaría consecuencias severas a la economía “en contra de la suficiencia recaudatoria y, ante todo, un impacto directo a las múltiples políticas públicas que se orientan a hacer efectivas la plena vigencia de los derechos constitucionales y que constituyen parte fundamental de su garantía”.

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