Home Política Trámite de demanda contra reforma tributaria de Guillermo Lasso puede durar años en la Corte Constitucional

Trámite de demanda contra reforma tributaria de Guillermo Lasso puede durar años en la Corte Constitucional

by Jaime De La Cruz

Existen pocas posibilidades de que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 sea eliminada o que deje de estar en vigencia, incluso luego que el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitiera a trámite la acción de inconstitucionalidad planteada el 13 de diciembre por el asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Joao Acuña Figueroa.

La ley que incrementa el impuesto a la renta, sobre todo a quienes tienen más ingresos, y que establece contribuciones temporales a empresas y personas con millonarios patrimonios, está en vigencia desde el 29 de noviembre pasado y espera generar unos $ 800 millones al fisco solo el primer año.

Sin embargo, para el constitucionalista Ismael Quintana son bajísimas las posibilidades de un tratamiento expedito y más aún de una retroactividad de la ley. Explica que si se aplicaran estrictamente los plazos establecidos en la Ley de Garantías Constitucionales, el trámite en la Corte no debería durar más allá de tres meses. “Ese es el deber ser”, comenta. Sin embargo, en la práctica, los procesos en la Corte pueden llegar a durar años completos, dice.

Además sostiene que de manera tradicional, el tema tributario no es prioritario y esto se puede apreciar en el sentido de que la sala que admite a trámite no hace una recomendación de procesar el tema de manera urgente o rompiendo los esquemas del tiempo. Tampoco establece una medida cautelar de suspensión de sus efectos.

Por ello, considera que el trámite podría demorar de cinco a diez años, y si después de ese lapso se llegara a declarar la inconstitucionalidad, difícilmente sería retroactiva.

Basa su análisis en lo que ha sucedido recientemente con la Ley de Fomento Ambiental, acerca de la cual la Corte acaba de emitir una sentencia luego de diez años. Le ley que data del 2011 establecía diversos impuestos como al banano, a las botellas, entre otros. Sin embargo, se la encontró inconstitucional por no cumplir el principio de unidad de materias. La sentencia de la Corte, sin embargo, establece que esta seguirá vigente hasta el 2023 a fin de darle tiempo al fisco para resolver el hueco fiscal que generaría, y no genera ningún efecto de retroactividad.

Quintana también comenta que las demandas de UNES y Yaku Pérez Guartambel tienen deficiencia argumental. Ellos se han basado en cómo fue la votación.

La demanda señala que la ley en cuestión no fue aprobada como lo establece el artículo 140 de la Constitución. Dicen que no fue aprobado, pues hubo 88 votos en contra, 19 abstenciones y 30 votos a favor, como consta en el registro de votaciones de la Asamblea Nacional.

En realidad, el artículo 140 dice que en el caso de que la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto-­ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. También indica que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

La Asamblea, no logró negar el proyecto, pues la moción de negar y archivar dicha ley tampoco contó con los suficientes votos. Entre ellos, justamente la bancada de UNES se abstuvo. Esto dio pie para que se hablara incluso de un pacto entre UNES y el Gobierno.

Foto: Cortesía.

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