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Cambios en la Corte Constitucional refuerzan institucionalidad

by Jaime De La Cruz

Se supo ayer quiénes dejaron de ser jueces de la Corte Constitucional. Por mandato de la Carta Política, se debe cambiar un tercio de la Corte cada tres años por sorteo. Los tres miembros seleccionados que dejan sus cargos tienen una interesante carrera jurídica y una solvente hoja de vida académica: Hernán Salgado, quien además era su presidente, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva.

La Corte Constitucional es una de las entidades más importantes para la vida institucional del país, porque es la encargada de interpretar la Constitución, hacer controles de constitucionalidad de leyes y decretos que emita el Ejecutivo. Es una atribución que le da la Constitución de Montecristi. En la de 1998, esta facultad la tenía el Congreso Nacional.

Su tarea, además, según el artículo 436, le permite interpretar “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano”.

La actual Corte se ha ganado el respeto en el país, sobre todo si se la compara con la anterior, que fue destituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (transitorio). Ha tenido fallos históricos y, de algún modo, aceleró los procesos que estaban represadas por su predecesora.

Esta Corte, de la que se despidieron ayer tres de sus miembros, ha emitido dictámenes que transforman al país en asuntos de derechos, como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto en casos de violación, los derechos de los animales y la naturaleza.

A pesar de la reputación ganada, también se la ha cuestionado. Algunos sectores sostienen que varios de los magistrados llevaban adelante su agenda personal, como el asunto de los derechos, pero no aceleraba los procesos referidos a la propiedad privada y a los sectores empresariales.

Los sucesores, Richard Ortiz, Jhoel Escudero y Alejandra Cárdenas también tienen una imagen de respetabilidad en los ámbitos académicos. Nadie los podrá tildar de corruptos. Y eso es un alivio por el bien del sistema republicano, en medio de una desconfianza general de la ciudadanía hacia las instituciones.

Foto: Cortesía

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