Home Política Jueza investigada por presunto error inexcusable dejó sin efecto remoción de Sofía Almeida de la presidencia resuelta por cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Jueza investigada por presunto error inexcusable dejó sin efecto remoción de Sofía Almeida de la presidencia resuelta por cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

by Jaime De La Cruz

En la víspera, cuando Sofía Almeida anunciaba que la jueza Karly Vargas de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) ratificó una medida cautelar a su favor disponiendo que se mantenga en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a esta magistrada se le inició un proceso de sumario administrativo por error inexcusable.

La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dio paso a la declaratoria jurisdiccional previa para el inicio del sumario administrativo en contra de Karly Vargas Alvarado por sus actuaciones dentro de un proceso judicial por error inexcusable.

Esta declaratoria jurisdiccional previa la solicitó la Coordinación Provincial del Guayas, en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en noviembre del 2021, por una denuncia presentada en contra de Vargas por el abogado Jorge Cedeño, quien buscaba cobrar un pagaré por más de medio millón de dólares por honorarios, señala un comunicado emitido por la Corte Provincial del Guayas, la noche del 9 de febrero.

La denuncia surgió porque Vargas habría “prevaricado”, demoró el trámite de la causa y habría maltratado de palabra al denunciante.

Los hechos los habría corroborado el entonces presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, al conocer de denuncias por la actuación de esta magistrada.

En medio de esto, la mañana de este 10 de febrero, Karly Vargas emitió una sentencia a favor de Almeida en la que se ratificó en la medida cautelar otorgada el pasado 30 de enero, para impedir que cuatro consejeros del CPCCS traten en una plenaria una moción para removerla del cargo de presidenta.

“Me ratifico íntegramente en la medida cautelar otorgada y con efecto modulatorio dispongo que se deje sin efecto cualquier acto administrativo o actuación posterior al otorgamiento de esta medida cautelar y la permanencia de la accionante como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana”, cita la resolución judicial de la jueza Karly Vargas, expedida este jueves 10 de febrero.

En esa misma línea, dispuso a la Policía Nacional que le dé resguardo a Almeida para cumplir con esta medida.

La jueza emitió el pasado 30 de enero una medida cautelar para evitar que se trate en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana una moción planteada por el consejero Francisco Bravo para remover de la dignidad de presidenta a Almeida.

El ahora también presidente del Consejo, Hernán Ulloa, presentó otra acción de protección en la misma unidad judicial de Samborondón y la jueza Larissa Ibarra revocó dicha medida.

Con esto, los cuatro consejeros de la ahora mayoría, Ulloa, Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, reinstalaron una sesión permanente 3 para debatir esta moción, y removieron a Almeida de su cargo de presidenta y a David Rosero como vicepresidente.

Como consecuencia, designaron nuevas autoridades: Hernán Ulloa como presidente y María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta.

Sin embargo, la mañana de este 10 de febrero, la jueza Vargas Alvarado aseguró en su sentencia que no fue notificada de la decisión de la jueza Ibarra y argumentó que, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, únicamente el mismo juez que dictó la medida cautelar puede revocarla y de su negativa existe la vía de la apelación ante el superior.

Por ello, se ratificó en su medida cautelar emitida el 30 de enero y concluyó que cualquier actuación luego de su resolución queda sin efecto.

En una rueda de prensa realizada este 10 de febrero, los consejeros Sofía Almeida y David Rosero se ratificaron como presidenta y vicepresidente, respectivamente, apoyados por el consejero Javier Dávalos.

Rosero anunció que en las próximas horas presentarán una denuncia penal en contra de los cuatro vocales de mayoría por presunta usurpación de funciones y simulación de cargo público, después de haber hecho un “show”.

Ello en referencia a la sesión permanente 3 que resolvieron reinstalar las cuatro autoridades este miércoles, en la que removieron a Almeida y Rosero de sus dignidades.

Foto: Cortesía.

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