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Dirigentes indígenas y activistas exigen al Estado cumplir sentencia del caso Sinangoe

by Jaime De La Cruz
Dirigentes y activistas indígenas celebran la sentencia vinculante de la Corte Constitucional

Dirigentes y activistas indígenas celebran la sentencia vinculante de la Corte Constitucional (CC), que se resolvió el 27 de enero de 2022, en el caso Sinangoe y piden al Estado que la respete. Afirman que aún existen actividades mineras en las tierras de las comunidades indígenas.

La Corte Constitucional aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y por el presidente de la comunidad A’I Cofán de Sinangoe.  

Uno de los argumentos de la CC es que “debido al otorgamiento de 20 concesiones mineras y por encontrarse en trámite 32 concesiones alrededor de los ríos Chingual y Cofanes”, se genera un impacto en el río Aguarico. 

El dictamen también confirma las sentencias emitidas por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, en Sucumbíos y la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que “declararon la vulneración de los derechos a la consulta previa”.

María Espinosa, abogada miembro de la organización Amazon Frontline, interpreta que el carácter vinculante de la sentencia implica que el Estado debe acatar la resolución, no solo respecto a la comunidad de Sinangoe sino a todos los pueblos y nacionalidades de Ecuador.

“Cada que el Estado desee realizar una actividad extractiva en territorio indígena, obligatoriamente debe someterse a los estándares que ha determinado la sentencia”, enfatizó la jurista y activista durante la rueda de prensa virtual realizada este 11 de febrero del 2022.

En este contexto, Silvana Nigua, representante de la comunidad huaorani de Pastaza, refirió que ese pueblo indígena aún espera una resolución de la CC, mientras tanto destacó la sentencia para Sinangoe porque significa “un progreso para todas las nacionalidades” en cuanto a la consulta previa.

La sentencia de Sinangoe “tiene que ser vinculante porque tenemos algunos casos (…) siguen amenazando las autoridades del Gobierno nacional para poder ingresar a los territorios de manera inconsulta”, cuestionó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas.

El dirigente insistió en las afectaciones de las comunidades de Napo, Orellana y Sucumbios, por el derrame de crudo de la empresa transportadora OCP Ecuador. 

También denunció que, en el territorio quichua de Napo, “se está realizando minería ilegal. Nada han hecho las autoridades del Ministerio del Ambiente”. 

Jorge Acero, también abogado de Amazon Frontline, dijo que la sentencia contradice a la posición del Ministerio de Energía al negarse a anular las concesiones otorgadas. 

El ministerio debe cumplir, sino el equipo que apoya a Sinangoe presentará una acción de incumplimiento para destituir al titular de la cartera de Energía, advirtió Acero. 

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