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Informe fija plazo para legalizar aborto por violación en Ecuador

by Jaime De La Cruz
Con ajustes en la temporalidad, requisitos y reglas especiales sobre el consentimiento

Con ajustes en la temporalidad, requisitos y reglas especiales sobre el consentimiento, la Comisión de Justicia definió el texto del proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, que pasará al Pleno para la votación.

La propuesta se aprobó en la Mesa legislativa este viernes 11 de febrero del 2022 con 6 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención y 1 ausencia. En este contexto volvió a evidenciarse la división de criterios entre las bancadas.

El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática, ID), y su coidearia Johana Moreira, ponente del proyecto, votaron a favor, pero Dalton Bacigalupo se abstuvo.

La asambleísta del correísmo (Unión por la Esperanza, Unes) Sofía Espín votó en contra, a diferencia de sus colegas de bancada Jahaira Urresta, Gisela Garzón y José Agualsaca que votaron a favor.

En la sesión no estuvo Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, quien junto a Espín y Bacigalupo impulsa un informe de minoría con otras condiciones a las que Jaramillo tachó de inconstitucionales.

Kimberly Castillo, alterna de Vanegas, votó en contra del informe de mayoría. Mientras, José Chimbo, votó a favor.

En el Pleno se requerirán, al menos, 70 votos (mayoría absoluta) para que el proyecto sea aprobado. Si eso ocurre deberá ser enviado al Ejecutivo para sus observaciones.

Los últimos ajustes se centraron en los artículos 19, 20 y 23 del proyecto.

El primero señala: “A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 16 semanas de gestación“.

“Excepcionalmente, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación”.

El artículo 20 tiene que ver con la notificación del delito de violación. “Para garantizar el acceso a la Justicia y la no impunidad, todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción, en el plazo máximo de 24 horas“, precisa, cuando en el informe anterior se estipulaba 48 horas.

En el artículo 23 se incluyó esta disposición: “Las niñas y adolescentes podrán consentir en forma autónoma respecto a someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Su representante legal o cuidador o cuidadora, según sea el caso, podrá acompañar a la niña o adolescente en la adopción de su decisión“.

“En caso de que el representante legal o cuidador de la persona gestante que desee interrumpir su embarazo sea la persona que ejerce violencia en su contra, o cuando exista conflicto de interés, podrá acompañarla cualquier otra persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado respecto a ella”.

Tanto el presidente de la Comisión como la ponente del proyecto señalaron que estos ajustes responden a la necesidad de reunir los votos para que el texto sea aprobado por el Pleno. “No estoy de acuerdo con los plazos”, dijo Jaramillo.

Sin embargo, la asambleísta Espín reiteró sus críticas. “El nuevo texto, en realidad, no cambia mucho, seguimos en el regateo. Esta Comisión empezó aprobando de 7 a 9 meses para interrumpir el embarazo. Luego se bajaron a 5 meses, 5 meses y medio y ahora nos plantean 4 meses y 4 meses y medio. El regateo de la vida continúa”, dijo.

Moreira argumentó que el proyecto inicial se ajustaba a pronunciamientos como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la viabilidad del feto, pro reiteró que los ajustes responden a las observaciones que se presentaron en los debates de este proyecto en el Pleno.

 “Hemos luchado por plazos amplios que no pongan en riesgo la vida de la madre, pero sí denles la posibilidad de decidir”, agregó la ponente del proyecto.

Jaramillo puntualizó que la Asamblea debe cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional, que el 28 de abril del 2021 despenalizó la interrupción del embarazo por violación.

“A la Legislatura le corresponde solo la (tarea) de regular tras esta decisión de la Corte. Se ha dicho que somos extremistas, que somos radicales, que debemos ser prudentes con los plazos y requisitos. Yo me pregunto: cuando una niña es violada por su padre, cuya madre es cómplice y no puede denunciar, ¿debemos ser prudentes?”, reflexionó.

La asambleísta Gisela Garzón increpó a Espín por afirmar que este proyecto considera al aborto como un derecho. “Siempre se ha hablado del derecho a decidir”, dijo. También señaló que para entregar este texto tuvieron que sopesar entre los estándares internacionales en esta materia y la necesidad de reunir los votos en la Asamblea.

La sesión de la Comisión se desarrolló en modalidad semipresencial y estuvo marcada por una controversia. Se tomaron dos votaciones debido a que en una primera ocasión votó a favor la asambleísta Dina Farinango (PK), a pesar de que estaba fuera del país en una misión oficial del Parlamento, lo que no permite el procedimiento parlamentario.

Con este informe se prevé que el Pleno sesione el próximo jueves 17 de febrero para la votación.

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