Un nuevo paquete de solicitudes de amnistías para el trámite de la Asamblea Nacional alista la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) relacionadas con los hechos de violencia que se vivieron en las protestas de octubre del 2019, otras de octubre del 2021 y de varios activistas sociales.
Este miércoles 16 de marzo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acompañado de sus coidearios y de beneficiarios de las 268 amnistías que otorgó la legislatura el último 10 de marzo, convocó a una declaración pública para defender esta decisión frente al rechazo de grupos de la sociedad civil.
En ese contexto, anunció que se está trabajando en la elaboración de otra lista de solicitudes con personas que participaron –y no formaron parte de las 268 amnistías– por las movilizaciones de octubre del 2019, de octubre del 2021 en contra del gobierno de Guillermo Lasso y de otros dirigentes sociales.
“Las amnistías están en firme y no hay nada que hacer, más bien vamos a avanzar presentando otra lista de compañeros criminalizados por octubre del 2019, por octubre del 2021 y también por los criminalizados en los territorios. Recurriendo a este bien jurídico en la Asamblea Nacional presentaremos otro grupo de amnistías, porque no estamos haciendo nada ilegal”, afirmó Iza, quien convocó a quienes estén en el territorio nacional “escondidos” procesados por defender sus territorios a unirse a esta cruzada.
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El dirigente aseguró que no se trató de un “acuerdo político” o un “favor político” el que se hayan sumado 99 “voluntades” de los legisladores del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK), varios de la Izquierda Democrática (ID) y de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
“Esto no es un favor político… Debemos valorar las 99 voluntades, nosotros saludamos esta decisión con la posibilidad de la reconciliación”, expresó.
Insistió en que las 268 amnistías, de las que 60 fueron para quienes protagonizaron las manifestaciones del 2019, están siendo criticadas por el presidente Lasso porque quiere criminalizar a los “luchadores sociales”.
Justificó que hay “ciudadanos que no han podido probar los hechos ocurridos porque son mentiras”, en relación con los delitos por los que eran procesados tanto él como otras personas, por sabotaje, terrorismo, secuestro y otros.