Este miércoles 1 de junio el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, alcanzó los tres años de mandato en el que su popularidad está en su momento más álgido alcanzando picos del 90%, según estimaciones del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
A pesar de que el mandatario es criticado duramente por actores y organizaciones de la comunidad internacional, los cuales lo acusan de vulnerar derechos humanos básicos y componer un régimen autoritario, los ciudadanos salvadoreños están de lado de Bukele. Mucho más, desde que les declarara la guerra a las pandillas tras las olas de violencia.
Esta última semana se publicaron dos encuestas cuya conclusión fue similar: la popularidad del jefe de Estado va en alza, sin que el tiempo rompa el encantamiento con la gente ni su polémico gobierno se desgaste.
Culminando su tercer año de los cinco que estará en el poder, en caso de no buscar la reelección, la Administración Bukele alcanza una nota de 8,34 en una escala de 0 a 10, indicó el CEC. Esto significa una recuperación, luego de que a finales de 2021 su figura decayera a 7,84, la evaluación más baja desde enero de 2020.
El centro de estudios detalló que los ciudadanos destacan que los métodos de Bukele son bien recibidos porque repercutieron «en la base de la pirámide socioeconómica», que abarca entre el 50% y el 60% de los habitantes.
No obstante, el CEC también resalta que «en este Gobierno todas las herramientas burocráticas tradicionales, los controles de transparencia y los debates políticos de contrapesos han desaparecido por el control total que posee el Ejecutivo».
En los últimos meses, Bukele ha sido señalado por varias ONG y países extranjeros, sobre todo por Estados Unidos, que emitió sanciones contra funcionarios cercanos al salvadoreño– que denunciaron violaciones a derechos humanos y fuerza desmedida por parte del Estado. Empero, esto tampoco hizo mella en su imagen pública.
Las medidas más sobresalientes a las que Bukele apostó en su tercer año en el sillón presidencial fueron la adopción del Bitcoin como moneda y la declaración de «guerra» contra los grupos pandilleros, aunque la aceptación de la gente fue notoriamente distinta.
En septiembre pasado, San Salvador promulgó la Ley Bitcoin y adoptó al criptoactivo, lo que significó el principal movimiento del presidente en materia económica y que no ha abandonado a pesar de que su valor decayó en las últimas semanas.
Los ciudadanos recibieron con desconfianza esta política, según las encuestas realizadas por el CEC. El 52,1% respaldaba a Bukele, pero no confiaba en el Bitcoin; mientras que otro 30% estaba en desacuerdo con ambos.
Diametralmente opuesta fue la predisposición pública con la «guerra» contra las pandillas. La misma incluyó las detenciones de decenas de miles de hombres, algunos de manera arbitraria, y que generó polémica –sobre todo con las ONG de derechos humanos- por la violación de derechos básicos.
El estado de excepción sancionado a finales de marzo y extendido dos veces por el Parlamento fue una medida fuerte para combatir a las pandillas que desataron una ola de violencia, que incluyó homicidios atribuidos a la organización Mara Salvatrucha.
La seguidilla de asesinatos se cobró la vida de 87 civiles en apenas tres días e instó a Bukele a implantar su extremo plan de seguridad, el cual tiene una aprobación de 7,99 sobre 10, de acuerdo a un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).
Foto cortesía.