La tarde del jueves 2 de junio, la Asamblea Nacional decidirá si continúa el juicio político al contralor Carlos Ríofrio, quien fue promovido por el asambleísta Ronny Alega (UNES) a partir de un tuit borrado.
Aleaga alega que el contralor incumplió con sus obligaciones porque este determinó que solo los procesos contractuales con un presupuesto de referencia de $ 962,420.93 requerían los informes correspondientes requeridos por la ley.
Hace dos meses, al justificar el caso, el legislador correísta presentó solo dos pruebas: una captura de pantalla de un tuit eliminado y un acuerdo firmado por Riofrío. Además, el parlamento no pidió testigos.
Los compañeros de bloque de Aleaga respaldan el proceso contra el contralor. Dicen que el informe de pertinencia se debe aplicar en todos los casos, sin importar el monto.
Este jueves, Ricardo Vanegas, legislador de Pachakutik, dijo que la demanda no tenía fundamento porque no se habían fundamentado las pruebas.
Por su parte, Jorge Abedrabbo, del PSC, señaló que están analizando el caso, pero se dio cuenta de que el proceso “necesita más tecnicismo”.
La Comité de Fiscalización que elaboró el informe sobre el incidente, recomendó el archivo del proceso.
Sin embargo, el presidente de este despacho legislativo, Fernando Villavicencio, insiste en que, en materia de legalidad, en este caso habrá otros intereses.
El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se reunió a las 15 horas de este jueves, sesión en la que se analizará la condición del contralor.