La fiscalía peruana citó el 13 de junio al presidente Pedro Castillo a declarar por sí mismo en una investigación preliminar que se sigue, junto con otros funcionarios del gobierno y legisladores en ejercicio, por una denuncia de corrupción forzada.
El Ministerio Público informó este domingo 5 de junio, en un comunicado, que la notificación a Castillo fue enviada por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para las 10:00 del día programado.
Según sus prerrogativas, el soberano puede decidir visitar la oficina del fiscal o declarar en Palacio de Gobierno.
El Ministerio Público también ha programado extender la declaración del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes 6 de junio, mientras que el martes 7 de junio la exviceministra de Transporte Transporte Fabiola Caballero dará a conocer y el miércoles , 8 de junio, abogado y exasesor del Departamento de Transporte Alex Starost.
Esta semana también fueron convocados dos miembros del comité de selección de la licitación para construir un puente sobre el río en la Amazonía peruana.
Estas investigaciones forman parte de una averiguación previa abierta por el fiscal Sánchez contra Castillo, Silva y seis actuales congresistas, señala el funcionario.
La Fiscalía investiga desde abril sobre informes inusuales en la selección del proyecto de construcción del puente «Tarata» sobre el río Huallaga en la Amazonía del país, que fue entregado a un consorcio liderado por la esposa del consejero Karelim López, que también está siendo investigado por presunta corrupción.
En estas investigaciones se incluyeron 13 personas y la Fiscalía alega que había una organización criminal arraigada en el actual operador, encabezado por el presidente Castillo, quien ha negado las acusaciones.
La Fiscalía General ordenó el domingo 29 de mayo ampliar las investigaciones contra Castillo a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y concierto para delinquir agravado.
La defensa del Gobierno pide declarar la «nulidad absoluta» de esta investigación y advierte que, de no ser aceptada, propondrá «tutela de derechos», ya que permite que goce de inmunidad absoluta mientras esté en funciones.
La defensa del gobernante exige que se declare la “nulidad absoluta” de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una “tutela de derechos”, ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 4 de junio 36 meses de impedimento de salida del país contra Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La orden judicial para Silva fue emitida por presunta colusión y organización criminal para dañar al Estado, mientras que para Doroteo y Espinoza, la orden judicial fue emitida por presunto tráfico de influencias más importantes.
Medios locales aseguraron este domingo que esa transcripción es verdadera y que la fiscal Karla Zecenarro dispuso la elaboración de un acta en la que consta el diálogo.
Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, también ha implicado a Castillo en la presunta trama corrupta, aunque sin haber presentado hasta el momento pruebas de sus afirmaciones.
Las denuncias contra el mandatario han reactivado la crisis política que afronta Perú desde el inicio del actual régimen, a fines de julio del año pasado, y llevado a la oposición y medios locales a exigir que Castillo deje el Gobierno.
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