El Gobierno rechazó de manera enfática el texto que el Legislativo aprobó, el cual provino de un informe de minoría, y lo calificó como “una Ley de Comunicación mordaza” y dijo que esta intenta nuevamente “restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”.
Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, “una vez que la Ley sea enviada oficialmente al Ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”. Esto lo hará «en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales».
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación fue aprobado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones.
La Asamblea, en su página web, señala que el proyecto permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social, “cuenten con mecanismos de defensa expeditos». Así se garantiza que «los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos, puedan ser tutelados por el Estado”.
Foto cortesía.