La jueza Luz María Ortiz llamó a juicio a ocho miembros de la Policía Nacional del Ecuador por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para la irregular adjudicación de un contrato para el mantenimiento de una aeronave del Servicio Aeropolicial. Varios de ellos son oficiales, además, este llamado se dio acogiéndose al dictamen presentado por la Fiscalía General del Estado.
Este caso inició con una denuncia en la que son señaladas presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de uno de los helicópteros utilizados.
Mediante la base de esta información se ejecutró unallamiento en el cuál se pudo conseguir el contrato original con el cuál se realizó el respectivo proceso para establecer las presuntas responsabilidades.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria del jucio, Fiscalía señaló que el delito se habría cometido cuando los procesados, en este caso miembros de Aeropolicial, direccionarion la adjudicación de un contrato para el mantenimiento de un helicóptero a un proveedor por un valor aproximado de 733.000 dólares.
Esta investigación determinó que existieron varias irregularidades que no fueron observadas por la comisión técnica en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del ya mencionado contrato.
Adicional a eso, se supo que uno de los oferentes no contaba con el RUC adecuado para brindar este servicio solicitado o, que simplemente era falso. Sin embargo, esa no era la única problemática, ya que también se encontraron inconsistencias en las firmas del estudio de mercado y en el acta de negociación, entre otras.
Además, gran cantidad de documentación relacionada con la ejecución del servicio contratado. Por ejemplo, un acta firmada por el administrador en la que señala que el mantenimiento ya estaba realizado, cuando la aeronave todavía se encontraba fuera del país y no se habían efectuado las pruebas de su correcto funcionamiento. Asimismo, la demora en la ejecución del contrato desencadenó en la caducidad de las pólizas de fiel cumplimiento.
La jueza indicó que los elementos presentados hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito imputado, por lo que llamó a juicio a todos, señalando que para uno de ellos el proceso queda suspendido, ya que se encuentra fuera del país – incumpliendo la medida cautelar dispuesta– y este delito no puede ser juzgado en ausencia.
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