Conforme a la pregunta 4 del referéndum constitucional se estima que el gobierno de Guillermo Lasso se busca transformar la forma actual de calcular el número de legisladores de la Asamblea Nacional. La misma que provoca que se dividan los criterios entre los actuales legisladores.
En dicha pregunta se consulta a la ciudadanía si estaría de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de la siguiente forma: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 residentes en el exterior, realizando una reforma al artículo 118 de la Constitución.
En la actualidad se los elige de la siguiente manera: quince en circunscripción nacional; dos por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo con el último censo nacional de población; las circunscripciones especiales del exterior eligen un total de seis asambleístas distribuidos así: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; y, cada una de las regiones elige a dos representantes.
Asambleístas como Mario Ruiz, de la bancada de Pachakutik, no ven con agrado esta posibilidad. Opina que es contradictorio que se quiera disminuir los asambleístas en el marco de la desaprobación que tiene el Legislativo, pero a la vez darle mayores competencias con la pregunta 6 de la eventual consulta, que lo facultaría para designar las autoridades que actualmente designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
“Tanto se quejan de la Asamblea Nacional y le quieren dar la potestad de nombrar todas las autoridades de control… hay una contradicción bárbara. Tampoco veo el ahorro que quiere hacer el Gobierno, en mi caso, mi provincia Imbabura, pasaría a tener de cuatro a tres asambleístas”, ostenta y dice que el Ejecutivo debía concentrar sus esfuerzos en consultar a la ciudadanía en temas trascendentales como el extractivismo, privatizaciones, la venta del Banco del Pacífico, el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros temas.
Con la necesidad de haber abordado otro tipo de temas en las preguntas coincide el legislador Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática) que considera con el cuestionario presentado se evidencia “que el Gobierno Nacional persiste en su desconexión con las necesidades de la gente”.
“Mientras el presidente Lasso anunciaba las 8 preguntas yo estaba reunido con representantes de organizaciones y fundaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas a quienes el Estado no ha respondido incluso en casos con sentencia”, cuenta.
Respecto a la reducción del número de asambleístas, Jaramillo la califica de “una propuesta populista sobre la cual ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al camino que debe seguir”.
“¿En qué cambiaría la reducción de 15 legisladores? No es la cantidad, es la calidad de la producción legislativa. Creo firmemente en que el camino es el fortalecimiento de las organizaciones políticas, la formación de cuadros y perfiles para postularse a procesos de elección popular, es fomentar la carrera política y legislativa”, subraya.
En la actualidad la Asamblea tiene 137 integrantes y se estima que, con el censo poblacional de este año, este número ascienda a más de 150 para las elecciones generales de 2025. Sin embargo de ganar el Sí, quedarían en al menos 120.
Los 137 asambleístas actuales se calcularon con base en el censo de población del 2010, según el cual la población es de 14′483.499 ecuatorianos. En las proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) se muestra que ahora son 18 millones de personas.
El total real se conocerá con el nuevo censo de población y vivienda que se desarrollará a partir de octubre próximo de manera virtual y presencial.
Sobre la nueva cifra de legisladores que se tendría, el Gobierno afirmó en el documento que entregó en la Corte Constitucional que serían 116, pero con base en la proyección de habitantes del 2020, 17,4 millones.
Jorge Pinto, legislador por CREO, considera positiva esta reducción que se plantea y dice que responde a un clamor del pueblo ecuatoriano desde hace muchísimo tiempo.
“El Ecuador entero se ha dado cuenta de que la Asamblea no cumple sus funciones adecuadamente y que tener 137 asambleístas lo único que hace es encarecer el gasto público. Nosotros vamos a incentivar el voto a favor de esta consulta que se da porque muchos asambleístas no han fiscalizado, no se los ve, no han hecho legislación”, comenta y subraya que es este periodo, muchos de sus compañeros lo que han hecho es dedicarse a boicotear las leyes a partir de sus intereses propios.
Asimismo Pinto revela que, equivalente, está trabajando por una reforma al Código de la Democracia para que se puede establecer que todas las autoridades de elección popular, luego de ser electas, tengan una capacitación mínima para ejercer sus funciones y mejorar la clase de políticos que tiene el país.
“La gente se deja llevar por los argumentos de los asambleístas son malos, son esto, lo otro, y al final se queda esa mala imagen, pero se le quiere dar más poder, solo imaginemos el poder que se le quiere dar en la misma consulta a la Asamblea de los vagos, a la que no sirve, corrupta, etcétera”, apunta.
No obstante, Pinto difiere y dice que al establecer que sea el Legislativo el encargado de la designación de autoridades de control se le está devolviendo una competencia que ostentó en el pasado.
Con la pregunta seis de la consulta, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya no tendría la competencia de designar a las autoridades de control del país.
“No nos olvidemos de que la idea que nos vendieron con el Consejo de Participación era que que la ciudadanía estaría inmiscuida en la designación, pero no termina pasando eso. Cuando los políticos o el poder político o las diferentes tiendas políticas le meten la mano al CPCCS lo que se hace es comenzar a tener un tire y jale por tener las autoridades”, explica y dice que esto no implica tener más trabajo.
Según Jaramillo reitera que la propuesta de consulta no es una necesidad para el país en estos momentos cuando costaría al menos $ 80 millones, que podrían ser invertidos en el área social.
“Ninguna consulta popular en la historia de la República ha cambiado para bien al país, por lo tanto creo que el régimen sigue en un camino equivocado”, comenta.
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