La Asamblea citó para el próximo jueves 6 de octubre de 2022 a una mesa por la seguridad ciudadana, la invitación fue destinada a las autoridades del Gobierno y de la Función Judicial. El presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela y los jefes de las bancadas hicieron la propuesta este lunes 3 de octubre. Esto, como una respuesta a múltiples hechos delictivos que han generado conmoción en el Ecuador.
La finalidad será discutir reformas en ámbitos como la extorsión, los permisos para portar armas, el procesamiento de menores de edad, la aplicación de medidas cautelares, medidas alternativas a la prisión preventiva, entre otros. “Todos los ecuatorianos queremos tratar el tema de la inseguridad y de manera inmediata. Y esa es una obligación de sintonizar, tanto el Legislativo cuanto el resto de poderes del Estado, incluido el Ejecutivo. Es un tema del Estado”, expresó Saquicela.
El titular del Parlamento precisó que se pretende que las autoridades de la Función Judicial expliquen la actuación de los jueces, así también a la Corte Constitucional para que aclare la aplicación del hábeas corpus. Está previsto que se llame, además, a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública. También será escuchada la Policía que ha planteado reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop). Esto servirá para simplificar la aplicación de sanciones administrativas a los uniformados que incurren en faltas.
El Parlamento pidió que el Caso María Belén Bernal, para este martes 4, a las 9:00, fue convocada la primera sesión de la comisión multipartidista ocasional que se conformó el miércoles pasado para encontrar “la verdad, justicia y reparación” en el caso de desaparición y femicidio de la abogada María Belén Bernal. Una de las primeras acciones de la comisión será la elección de un presidente y la elaboración de un cronograma de trabajo. El informe deberá entregarlo en el plazo de 30 días. El aviso se dio en el Salón de los expresidentes de la Asamblea, en donde las bancadas proclamaron un primer acuerdo entre el Gobierno y el Legislativo para un nuevo proyecto de la Ley de Inversiones.
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