El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que organizar debates para las elecciones seccionales del 2023, de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, en su artículo 202.2, que establece la realización de debates electorales para las elecciones generales y seccionales. Sin embargo, a 75 días de la fecha programada para dicha labor, el organismo aún no tiene definido cómo implementará los 38 debates electorales en los que deben participar los candidatos a las prefecturas y alcaldías de 17 provincias.
La norma electoral establece que estos eventos de exposición de las propuestas de los candidatos deben realizarse tres semanas antes del día de las votaciones. El CNE precisamente tomó entre sus últimas resoluciones la modificación del calendario electoral para que los debates se realicen durante los fines de semana del 7 y 8 de enero y del 14 y 15 de enero, en lugar de las fechas originales del 3 y 15 del mismo mes. El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, explicó que los cambios se hicieron para facilitar la participación, debido al número de candidatos inscritos en ciertas jurisdicciones.
Las juntas electorales provinciales serán las encargadas de organizar los programas de debatir en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores. Según información del Consejo Electoral, son 17 las provincias en las que deberán realizarse 17 debates para las candidaturas a prefecturas y 21 para las alcaldías.
Las únicas provincias donde no se desarrollarán los espacios de disertación de los candidatos son las de la Amazonía y Galápagos. No en todas las capitales de las 17 provincias designadas realizarán debates: Tulcán, Azogues y Guaranda no tendrán estos eventos; en su lugar, otras ciudades los desarrollarán: Manta y Chone, en Manabí; Quevedo, en Los Ríos; Durán, Daule y Milagro, en Guayas.
Aunque la organización de los debates aún está en proceso, hay algunas consideraciones que ya están estableidas. Pita mencionó entre ellas el elegir el Comité de Debates, que sea independiente del CNE y esté conformado por actores de la sociedad civil, siendo sus labores elaborar el pliego de preguntas para los candidatos y elegir los moderadores. Otro punto importante sería que las juntas provinciales electorales serán las encargadas de organizar los debates, incluyendo la metodología a usar, el sorteo ante notario público de las ubicaciones de los candidatos y el orden de sus intervenciones, mientras que los directores provinciales sean los que ejecuten los presupuestos.
Se prevé también que la duración de los debates no exceda las tres horas y que los temas a tratar siempre vayan en sintonía con las particularidades de cada provincia y ciudad donde se realizarán dichas jornadas de exposición de los candidatos.