El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, la censuró y destitución a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) minutos antes de la medianoche de este 18 de noviembre de 2022.
En una maratónica sesión, que terminó a las 23:59, la Asamblea logró 85 votos a favor de la moción de censura y destitución en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Los votos provinieron de la bancada correísta UNES, el PSC y las disidencias de Pachakutik y la ID. La bancada oficialista BAN votó abstención.
Los cuatro no podrán ejercer un cargo público por dos años según la ley. Los siguientes consejeros más votados deberán asumir las cuatro vacantes durante los próximos meses, pues en las urnas se escogerá a los nuevos siete vocales del Consejo de Participación en las elecciones del 5 de febrero de 2023.
Pazmiño aseguró que los cuatro consejeros han actuado para “favorecer a sus propios intereses y los del gobierno neoliberal“, confirmando así que el juicio político apunta al “bando gobiernista” dentro del Consejo de Participación.
“El Ejecutivo y sus aliados han intentado, por todos los medios, impedir que este juicio político se dé, incluso ejerciendo en mi contra amenazas, violencia política y de género”, dijo Pazmiño en su intervención.
Además, mencionó que no hubo transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, “por las conversaciones “privadas”, mantenidas con la ingeniera Ginella Isabel Jácome Loor, postulante a este cargo”.
Los interpelados, durante su defensa, dijeron que no cometieron ninguna ilegalidad y defendieron las decisiones que se tomaron en el Consejo. Además, señalaron que es un proceso dirigido, con tintes políticos, y no por la fundamentación de este proceso.
Días antes, Rivadeneira planteó, en Manabí, una acción de protección con medida cautelar, para tratar de frenar el juicio político. Sin embargo, poco después la retiró.
De su parte, dijo que iniciará acciones de repetición contra los asambleístas que voten a favor de “una destitución ilegal”.
Expresó también que están recibiendo un trato desigual y discriminatorio porque “la Comisión de Fiscalización instaló un solo juicio contra los siete consejeros”. Por lo tanto, dijo, este proceso vulnera sus derechos.
Por su parte, el hasta hoy presidente del Consejo, Hernán Ulloa, resaltó que este tipo de acciones “dan al Ejecutivo razones para que quiera quitarle funciones al CPCCS a través de la consulta popular”.
Se sumó a la postura de Rivadeneira sobre la parcialidad con la que se dio el juicio político. “Ustedes no pueden venir aquí por el 9 de febrero o porque piensan que Hernán Ulloa obedece a cualquier autoridad, porque no es cierto”, agregó.
Los consejeros alertaron del inicio de procesos de repetición contra los legisladores, en el caso de que se dé una destitución ilegal en su contra. También hubo varias acciones de protección que se presentaron, a último momento, para evitar su destitución sin embargo los jueces que conocieron dichas causas negaron la petición de los consejeros
EL titular de la Asamblea Nacional, Iván Saquicela, indicó que “no se puede intentar manosear la administración de justicia para ir en contra de la primera función del Estado. Es hora de que el diálogo prime con las diferentes autoridades, sostiene.