Hernán Ulloa, consejero destituido de Participación Ciudadana y Control Social, destacó que el Secretario del CPCCS no ha certificado que existen vacantes en la Institución y por tanto no pueden titularizarse los vocales suplentes.
“La Asamblea no manda sobre el CPCCS, para que una persona pueda ejercer como titular tiene que estar habilitado en el IESS, Ministerio de Trabajo y en el mismo Quipux y para eso tiene que haber un secretario que certifique si hay vacantes”.
Manifestó que el Legislativo está formando una pugna al tomar una decisión arbitraria e ilegal, pues la destitución sobre su persona, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Ricardo Bravo, se hizo sin un informe de la Comisión de Fiscalización.
“Ante la inexistencia de un informe correspondía el archivo (…) La ley no establece mecanismos de solución porque tiene que seguirse el debido proceso”
A criterio de Ulloa, el juez multicompetente de la Concordia sí tiene competencias para resolver una medida cautelar pues se trata de un caso que produce efectos nacionales.
“Todos los jueces del país tienen el mismo rango (…) Cualquier juez puede entrar en conocimiento de una acción de garantía constitucional, para frenar cualquier tipo de vulneración de derechos”
Subrayó la necesidad de ponerle un freno al abuso del poder político que, a su criterio, busca desestabilizar la nación con procesos que no tienen legitimidad.
Para Ulloa, la Asamblea tiene una clara injerencia sobre las actividades de la Función Judicial, cuando en una resolución rechaza cualquier tipo de interferencia a la decisión democrática del Pleno.
“Toda la administración pública se encuentra sometidos al control Constitucional. por eso un juez tiene que revisar la vulneración de derechos”.
En entrevista a Ecuavisa hizo un llamado a los jueces a sumarse con valentía y ejercer control constitucional, poniendo un candado a lo que calificó de abuso.