Rocío (nombre protegido) tenía 17 años, terminó el colegio y soñaba con ingresar a la Policía Nacional. Para iniciar su preparación, se inscribió en la academia privada Boina Verde, ubicada en Calderón, norte de Quito.
Al quinto día de instrucción, el 28 de septiembre de 2021, Rocío presentó una dolencia y solicitó no practicar natación.
El instructor Cristian Bernardo Valencia, un cabo segundo de la Policía en servicio activo, le dijo que no se preocupe y le pidió que le acompañe a traer una pantaloneta en su domicilio.
Inocentemente, la joven aceptó sin imaginarse las intensiones del uniformado, quien tras ingresar al inmueble, puso seguridades en la puerta y bajo amenazas abusó sexualmente.
Rocío cuenta que gritó, trató de defenderse y hasta intentó lanzarse por la ventana, pero no pudo evitar el abuso. Advirtió con denunciar al policía, pero él no se intimidó por eso.
Luego la obligó a tomar la pastilla del día después y la abandonó. Con miedo, Rocío contó a su madre lo sucedido e inmediatamente acudieron a la Fiscalía para presentar la denuncia.
La abogada de la víctima, Johana Orbe, asegura que el examen médico confirmó la agresión sexual y la prueba psicológica la afectación emocional.
Además, la farmacia donde adquirió la pastilla del día después coroboró que el uniformado visitó el establecimiento el 28 de septiembre, según Orbe.
El policía acusado rindió su declaración ante la Fiscalía y luego se acogió al derecho del silencio.
El proceso en la justicia se ha dilatado por más de un año y recién este jueves 8 de diciembre se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de Bernardo.
Orbe denuncia presiones y trabas por parte de la Policía, pero el coronel Pablo Guachamín, Director de Asuntos Internos de la institución policial, asegura que no tomó ninguna acción porque el caso está en manos de la justicia penal.
¿Quién es el Policía acusado?
Cristian Bernardo Valencia ingresó a la Policía el 19 de noviembre de 2015 y según el distributivo de personal de la institución, pertenece al Comando Zonal del Distrito Metropolitano de Quito.
A pesar de encontrarse en servicio activo, también se desempeñó como instructor de la academia privada Boina Verde.
Bernardo se promocionaba en sus redes sociales como instructor, aunque luego borró los videos. La Policía dijo desconocer sobre su actividad particular.
Pero este no es el único juicio que tiene el policía Cristian Bernardo. La noche del 27 de agosto de este año fue detenido, junto a su hermano, por intimidar con su arma de fuego a ciudadanos en los exteriores de una discoteca, en el sur de Quito.
Se abrió un proceso en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes de la parroquia Mariscal Sucre, pero fue liberado al día siguiente al no encontrarse elementos que demuestren la flagrancia del hecho.

No obstante, el tribunal solicitó al Departamento de Asuntos Internos de la Policía que inicie una investigación interna en contra del uniformado por su conducta y por haber portado su arma de dotación fuera de horario laboral y en estado etílico.
El coronel Pablo Guachamín explicó que se abrió un sumario administrativo en contra del uniformado y el pasado 11 de noviembre fue destituido tras determinarse el cometimiento de una falta grave.
Sin embargo, Bernardo presentó una apelación ante el Ministerio del Interior y se espera una resolución de última instancia para los próximos días.
El acusado, de estado civil soltero, además registra un juicio de alimentos presentado en febrero de 2020 en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Carcelén.
El propietario de la academia Boina Verde es el ciudadano Fabricio Carcelén Méndez, quien registra en la Fiscalía General 11 denuncias por estafa. Según fuentes judiciales, el establecimiento supuestamente cobraba dinero para garantizar el ingreso de los aspirantes a la Policía Nacional.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, la academia inició actividades en febrero de 2011 para la provisión de servicios de deberes dirigidos, tutoría académica y preparación para el ingreso a universidades.
Este no es el primer caso de violación en el que es involucrado un servidor policial.
El pasado 24 de noviembre, un policía fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer en el interior de una bodega del Consejo de la Judicatura, en Quito.
El 9 de noviembre, moradores del sector La Cocha, en el sur de la capital, capturaron a un uniformado que supuestamente habría intentado violar a una estudiante. El jefe del distrito Quitumbe, Manel Vallejo, confirmó que el detenido era un miembro de la institución activo.
El 18 de octubre, una cadete denunció haber sido víctima de violación en el interior de la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí.
La familia de Rocío, espera que se haga justicia en el caso del policía Cristian Bernardo y no quede en la impunidad.