El juez multicompetente del cantón La Concordia, Ángel Lindao, aceptó la acción de protección a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Además, declaró nula su destitución, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 19 de noviembre.
El juez declaró la vulneración de los derechos de los cuatro consejeros porque se realizó una votación sin el informe correspondiente.
Según resolución del juez, la Asamblea debe presentar disculpas públicas a los consejeros y colocar una placa y un banner que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
Con la resolución, los consejeros regresan a sus cargos – que lo seguían desempeñando por la medida cautelar-, mientras que la Asamblea frena la posesión de los consejeros que serían sus reemplazos. Estaba prevista, a las 16h00, la sesión del Pleno para posesionar a los consejeros suplentes, pero fue suspendida con esta última decisión constitucional.
Sobre las medidas de reparación, aún no se darán cumplimiento porque el Legislativo apeló la decisión del juez. Calificó la decisión de “inmotivada, vulneratoria y por demás dudosa resolución judicial”.
Además, señalan que fue “espuria e infundada” la acción de protección por parte de los cuatro consejeros.
“Quiero agradecerle por su resolución en estricto derecho. Esto será un ejemplo en la que ninguna autoridad está por encima del control constitucional. Es un precedente importante para ponerle un candado a tanto abuso de poder que proviene de la Asamblea y desorganiza a la administración pública”, dijo Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, tras conocer su fallo.