Mireya Pazmiño, proponente del juicio político contra los cuatro consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una queja contra el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por supuestamente haber incumplido los plazos para presentar el informe de este juicio político.
Pazmiño explicó que la norma legal señala que, una vez vencido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión tendrá un plazo de cinco días para remitir al Presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político.
La norma prevé la posibilidad de una prórroga de cinco días adicionales para presentar el informe señalado.
Dicha prórroga fue solicitada y autorizada, por lo que la fecha máxima para la entrega del informe era el 8 de noviembre de 2022.
Además, tampoco remitió, dentro del plazo de dos días, esto es hasta el 10 de noviembre de 2022, el informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión, al no tener los votos suficientes.
Con el incumplimiento de la entrega del informe, dice Pazmiño, se activa el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al Pleno de la Asamblea Nacional a conocer y decidir respecto del juicio político y que también señala que se derivan sanciones por el incumplimiento de los plazos correspondientes.
La Asamblea aprobó la destitución de los cuatro consejeros del CPCCS, pero con una acción de protección fueron restituidos porque, según la decisión del juez, no hubo el informe de la Comisión, documento que sería el sustento de su destitución.
Villavicencio, en rueda de prensa, rechazó que presenten una nueva queja en su contra. “Es parte de esta demencia política en contra de Villavicencio. La señora invoca el artículo 170, numeral 4 de la Ley para pedir una sanción de 30 días”, reclamó el asambleísta, al señalar que “continúa una persecución” contra quien preside la Comisión de Fiscalización.
El asambleísta fue sancionado con la suspensión de 31 días por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) por violencia política contra Patricia Núñez. Sin embargo, una jueza dejó sin efecto dicha resolución alegando vulneración de sus derechos. Únicamente cumplió 18 días de sanción.