La crisis entre las funciones del Estado se profundiza. Lejos de terminar, diferentes bancadas legislativas han expresado su rechazo a la intromisión de la Función Judicial en las decisiones de la Asamblea Nacional.
“La intromisión en las decisiones de la Asamblea Nacional por parte de otras Funciones del Estado ha sido una constante en los últimos meses”, reclaman en un comunicado asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK).
El conflicto inició cuando el Pleno Legislativo aprobó la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para las bancadas, hubo un abuso de acciones constitucionales de parte de los destituidos para regresar a sus cargos.
“Presentaron una serie de medidas cautelares por más de seis ocasiones, con un mismo texto, en un cantón distinto a la capital de la República y sede la Función Legislativa”, recuerdan. Finalmente, un juez de la Concordia dejó sin efecto dicha resolución y restituyó a los cuatro consejeros.
“El Gobierno Nacional, en lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar el Estado Constitucional de Derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan abiertamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”.
Se refieren también al comunicado suscrito por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que lo calificaron “de querer solapar un golpe de estado blando, en contra de la primera Función del Estado como es la Asamblea Nacional.
Parece que no han aprendido de la más reciente experiencia internacional. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa, la aplicación del artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República.
Ante las lesivas y antijurídicas resoluciones tomadas por el juez multicompetente de La Concordia, Ángel Lindao, anunciamos que agotaremos todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.
Convocan a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al MercoSur y a la Corte InterAmericana de Derechos Humanos, a que visiten Ecuador para que puedan verificar lo que ellos llaman “violaciones al orden constitucional y las pretensiones destinadas a eliminar a la Función Legislativa”.