El presidente Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional su objeción total por inconstitucionalidad y por inconveniencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19.
El proyecto derogatorio fue aprobado con 100 votos afirmativos en el Legislativo el 29 de noviembre. El 30 fue remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción presidencial.
En un oficio del 23 de diciembre, el presidente Lasso informa de su decisión a la Asamblea. Notificó su objeción total por inconstitucionalidad y subsidiariamente objeción total por inconveniencia.
El Gobierno justifica la objeción por inconstitucionalidad, por la forma, al señalar que el proyecto derogatorio no fue presentado por el Ejecutivo y aduce, conforme al artículo 135 de la Constitución, que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.
Solamente mediante norma de rango legal se pueden crear, modificar o exonerar impuestos, principio al cual nuestra Constitución añade una regla más estricta, requiriendo que esta norma de rango legal haya provenido de la iniciativa de la Función Ejecutiva. Esto no ha ocurrido en el presente caso, por lo que existe un vicio insubsanable de inconstitucionalidad en el procedimiento de formación de la ley, explica el Gobierno en el oficio.
Califica al proyecto como indebidamente aprobado por la Asamblea Nacional y cuestiona que es fruto de la unificación de dos proyectos; El Proyecto de Ley Orgánica Derogatoria “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19”, presentado por la asambleísta Viviana Veloz; y, el Proyecto en la misma materia, presentado por los legisladores Patricia Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe. Ninguno de los dos fue presentado por el Presidente de la República y no existe ninguna excepción, reitera el documento.
El Gobierno también critica el papel del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL). Esta instancia no debió calificar los proyectos de ley “por no provenir de la iniciativa legislativa privativa del Ejecutivo. Sin embargo, no lo hizo por razones meramente políticas, mas no por razones jurídicas”.
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